Violaciones a sus derechos humanos y falta de atención médica padecen el líder de comerciantes Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, y los ediles auxiliares de Chalchihuapan, Canoa y La Resurrección, señalaron este martes los legisladores federales Josefina Salinas Pérez, Roxana Luna Porquillo, Luis Sánchez Jiménez y Carlos Reyes Gámiz.

Tras esperar casi dos horas, los cuatro ingresaron al Cereso de San Miguel, en la ciudad de Puebla, para verificar el estado de salud en que se encuentran las cuatro personas, toda vez que sus familiares solicitaron su intervención y la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Desde las 10:15 horas, el senador Luis Sánchez y los tres diputados federales, acompañados por el líder nacional de la CNPA, Francisco Jiménez Pablo, y Dora Luz Sánchez, del Movimiento Nacional por la Esperanza, llegaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

Sin embargo en un primer intento no los dejaron entrar. Fue hasta las 11:54 que los parlamentarios y el líder campesino ingresaron al reclusorio para hablar de manera directa con los presos políticos.

Denuncian violación de derechos

Pocos minutos antes de que los custodios les permitieran el acceso, el senador Luis Sánchez aseguró que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas muestra una "actitud cerrada" al impedirles que visiten a los detenidos.

Además de que no se cumplen con las medidas cautelares que otorgó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a Simitrio y su familia, donde dicha instancia solicitó al gobierno estatal que salvaguarde la integridad y seguridad personal al dirigente de la Organización 28 de Octubre y cinco integrantes de su familia.

"Es obvio que han estado incomunicados, eso es una violación flagrante a los derechos humanos y aún con estas medidas dictadas por la CNDH hay una reticencia a que uno se puede comunicar con estos presos políticos", dijo el vicepresidente del Senado de la República.

Por ese motivo manifestó que desde la Cámara Alta seguirá exigiendo la libertad de los más de 128 presos políticos de la entidad, así como el juicio político contra el mandatario poblano.

Cabe recordar que Simitrio fue arrestado el pasado 19 de diciembre al momento en que acudía a una reunión con el secretario de Gobernación municipal, Guillermo Aréchiga Santamaría. El argumento es que violó las medidas de pre-liberación, ya que oficialmente tendría que salir de prisión hasta el 15 de enero.

Mientras que su hijo fue aprehendido tres días después en la ciudad de México, tras una manifestación para solicitar la liberación de su padre, acusado por presunto narcomenudeo.

Edil de Canoa padece infección

Por su parte la diputada Roxana Luna indicó que los legisladores atendieron un llamado que les hizo el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla para que verificaran el estado de salud y jurídico de los presos, esto debido a que en el Cereso no le proporcionan la insulina que Simitrio necesita para controlar su diabetes, ni se ha tratado la infección estomacal que padece el edil de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez.

Recordó que la semana pasada también acudió un grupo de legisladores pero se le negó el acceso, por eso en esta ocasión notificaron a la CNDH para que los acompañara y les permitieran el ingreso.

A su vez Rocío Pérez Pérez, hija de Raúl Pérez, comentó que su padre padece desde hace varios días una infección estomacal que no ha sido debidamente tratada y también sufre de una fuerte depresión desde su arresto el pasado 31 de octubre.

Tanto el presidente auxiliar de Canoa como sus homólogos de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, arrestado el 17 de octubre, y San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, detenido el 1 de noviembre, se encuentran recluidos en San Miguel debido a su oposición a la Ley Orgánica Municipal aprobada en diciembre de 2013, que retira la facultad de brindar servicios del registro civil en las propias comunidades.