Impresiona ver la manera en que los políticos se aferran a su credo autoritario. La presentación hoy a mediodía del plan del presidente Peña Nieto para combatir la inseguridad es facciosa, mal intencionada y por completo carente de espejos. El jefe del ejecutivo federal no ve a su gobierno como parte del problema.

Predomina en su discurso una de las más rancias tendencias de la clase política mexicana: el abuso contra los municipios. Una lectura no muy esmerada de su mensaje transparenta las líneas básicas de su propuesta: Los vicios son de los alcaldes y las virtudes de los gobernadores y presidentes. Su diagnóstico no es nada serio y muestra, en la más ingenua de las interpretaciones,  amnesia selectiva. Por ello, por parcial e incompleta, su apuesta está condenada al fracaso.

Se hace de la vista gorda con los gobernadores, esos administradores del terror y constructores de sus personalísimas fortunas. Tampoco ve las monumentales fallas de sus colaboradores en el gabinete federal. Pareciera que su acción para alcanzar la seguridad será cebarse en los policías municipales y los alcaldes. Y nada dijo de los gobernadores, teniendo tanta tela de dónde cortar. Su mensaje sigue siendo de abandono de las obligaciones y de impunidad.

La cuestión de fondo quedó intocada. Los garantes de la corrupción y la impunidad son los gobernadores y sus lacayos de todos los colores en los congresos estatales. Lo mismo puede decirse de él y del congreso federal. En ambos casos, con contadas excepciones.

Muy distinto sería el panorama si su mensaje y su acción dieran lugar al siguiente escenario: Meter a la cárcel a un gobernador del PRI, uno del PAN y uno del PRD (el guerrerense Aguirre, por la tragedia de Iguala, que tanto le duele a Peña Nieto, o Ebrard, por el enorme desfiguro de la línea 12 del Metro de la ciudad de México). Y propongo encarcelar sólo a tres, para que el de Atlacomulco no sienta que queremos desestabilizar al país.

De sus propias gentes, tendrían que irse el secretario de gobernación  Osorio Chong, el procurador Murillo Karam, así como el tropezante, por cuenta de Peña, secretario de comunicaciones Ruiz Esparza, además del Comisionado de la Policía Federal y las autoridades policiacas del Distrito Federal, por los abusos del 20 de noviembre en el zócalo. Y le vendría de perlas ante la opinión pública  reconocer la inocencia de los injustamente detenidos y enviados a reclusorios lejanos.

¿Quién y con qué llama a la suma de voluntades, en un entorno  de desastre y decapitaciones? Ninguna mención a la matanza de Tlatlaya, para no afectar a al gobernador Eruviel Ávila ni a su feudo mexiquense. Enrique Peña Nieto (o don Enrique, como untuosamente lo llaman sus compañeros de partido) se quedó en la etapa de gobernador amaestrador de las oposiciones, pero el país le quedó grande. Su llamado a la concordia sin verse en el espejo sangrante que hoy es nuestro país, en realidad es una forma no muy velada de la amenaza. Depende de quién diga las cosas: cuando el Che Guevara decía que había que dar la vida en defensa de la verdad, decía exactamente eso. Cuando lo dijo Carlos Salinas en su “huelga de hambre”, no pensaba en su propia vida, sino en la de los demás. Realmente estaba deslizando la amenaza en lenguaje mafioso.

La propuesta de desaparecer a las policías municipales para dar paso a una sola policía en cada estado de la república, implica suponer que se va a alcanzar el éxito sumando los fracasos, o por el solo hecho de concentrar el mando en la capital de los estados. En realidad plantea un escenario de concentración de poder a favor de los gobiernos estatales, y una injusta transferencia de recursos de los municipios a los órdenes de gobierno estatal y federal.

Intocados los temas de fondo (la impunidad ante la corrupción gubernamental y el tráfico de drogas), el escenario de desgracia económica internacional y local, y la falta de respuesta sobre los normalistas, ahondarán la crisis. La percepción de corrupción imparable no desaparecerá despidiendo policías municipales. La penetración de la delincuencia organizada no se explicaría sin la omisión delictiva (por decir lo menos) de los  ejecutivos estatales, y aún más arriba.

Se vería seriedad si procede contra los gobernadores y sus sustitutos (por lo menos en el caso de Michoacán); abonaría en su favor que el presidente y los gobernadores renuncien a controlar a sus procuradores, por la vía de no hacer ni la propuesta para nombrarlos. Éstos, deberían ser nombrados por los congresos a propuesta de los ciudadanos.

¿Sueños guajiros? Sólo los cadáveres no sueñan. La sociedad mexicana sí aspira a mejorar. Apostemos por ello.