Mientras que Angélica Rivera se hizo de una casa de 88 millones de pesos con su trabajo de actriz y hasta 2010 había conseguido un patrimonio de 142 millones de pesos, políticos mexicanos poseen un patrimonio que es mucho menor en muchos ceros al de la primera dama.

De los 32 gobernadores, sólo cinco hicieron pública su declaración patrimonial y el resto argumenta que no lo hace por razones de seguridad.

Puebla, Colima, Hidalgo, Jalisco, y Tabasco son los únicos estados cuyos gobernadores han hecho públicos sus bienes, aunque los datos de algunos fueron emitidos cuando eran candidatos al cargo que hoy ocupan.

De estos, el gobernador con más valor patrimonial reportado es el de Puebla, Rafael Moreno Valle con 22 millones 383 mil 133 pesos, le sigue Aristóteles Sandoval, mandatario de Jalisco, con 10 millones.

La fortuna del Ejecutivo de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, no supera los diez millones, mientras que el de Colima, Mario Anguiano Moreno  cuenta con 4 millones 935 mil pesos.

Cierra la lista el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, con un millón  41 mil 492 pesos en bienes y capital monetario,  según lo informaron medios locales.

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En el caso del mandatario poblano, el reporte con el monto de sus bienes lo hizo público cuando era candidato a la gubernatura en 2010 y actualmente su declaración sólo incluye los bienes a nivel general pero no detalla su valor monetario.

De acuerdo con el documento publicado el pasado 11 de junio, se indica que posee una cuenta de acciones y valores en Accival Banamex, valores de sociedad de inversión, acciones 235 mil acciones de los Hoteles City, 935 títulos SPY y adquirió los derechos de dos títulos de aportación que le dan acceso al estadio Cuauhtémoc.

En el documento refiere que en 2013 canceló una cuenta en el Chase Manhattan Bank, otra de acciones y valores en Accival, vendió 720 mil acciones de hoteles City y también canceló una cuenta en Banorte.

Declaraciones sin valor

Los gobernadores de Estado de México, Guanajuato y Yucatán sí divulgaron su patrimonio, en el que indican sus inmuebles, sus vehículos e incluso sus animales (si es el caso), pero sin especificar el valor de los mismos.

Según Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, en su caso reveló los datos pero sin proporcionar su valor debido a razones de seguridad  y por la  volatilidad  de los precios, reportó el medio Zona Franca.

Cabe mencionar, que Graco Ramírez, Ejecutivo de Morelos, enlistó su patrimonio pero con un documento que aparece constantemente cubierto por marcas de confidencialidad.

Alegan inseguridad

En diversas declaraciones, los funcionarios han remarcado que no se trata de una negativa a la exposición pública, sino una medida de seguridad.

“Es optativo que el servidor público pueda hacer pública su declaración patrimonial o si él considera que debe ser reservada porque sea peligrosa o (para) su familia, la puede guardar como reservada. Es optativo, el servidor público decide. La mayoría exige que sea reservada, es realmente muy pocas las personas que deciden que sea pública", afirmó Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, en declaraciones para el periódico Milenio.

Gali reveló su patrimonio a medios

En el caso del alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad, el panista supera por más de 32 millones de pesos los bienes declarados por el presidente Enrique Peña Nieto, ya que de acuerdo con información que el mismo hizo pública, cuenta con un patrimonio de 77.4 millones y el mexiquense de 45 millones de pesos.

En mayo de 2013, durante la campaña electoral por la alcaldía, José Antonio Gali Fayad hizo pública su declaración patrimonial como candidato de la alianza Puebla Unida, en la que reveló que contaba con 77 millones 470 mil 34 pesos.

En su momento Gali Fayad indicó que de esa cifra 37 millones 476 mil 381 pesos correspondían a bienes inmuebles; 9 millones 76 mil 509 pesos a bienes muebles, y 30 millones 917 mil 144 pesos corresponde a cuentas bancarias, inversiones y valores. Apenas el mes pasado se informó que la actualización de los bienes del edil será presentada en 2015, una vez que se ajusten de acuerdo con la nueva Ley de Datos Personales.