La renuncia de Facundo Rosas Rosas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y su consignación ante las autoridades penales por su responsabilidad en el caso de San Bernardino Chalchihuapan, exigió este lunes el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Puebla.

A través de un posicionamiento, el tricolor recordó que en el operativo de desalojo de los pobladores de esa junta auxiliar en la autopista Puebla-Atlixco, el pasado 9 de julio, hubo “decenas de civiles gravemente lesionados y el homicidio del menor José Luis Tehuatle Tamayo, a consecuencia de una herida provocada por un proyectil disparado por los elementos policiacos”.

Por esos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 11 recomendaciones al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, por las violaciones graves a los derechos humanos durante el desalojo encabezado por Rosas Rosas.

Sin embargo el PRI consideró “una falta de respeto y una burla para los poblanos” que el gobierno del estado haya informado que acató las recomendaciones al aplicar sólo una amonestación y “multa” al secretario de Seguridad Pública, cuando la investigación se trató del asesinato del menor José Luis Tehuatle Tamayo y de las violaciones graves a los derechos humanos de varios pobladores de ese municipio.

“Exigimos no sólo la renuncia, sino también la consignación ante las autoridades penales correspondientes de Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, debido a que fue el responsable del operativo de desalojo contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan (por el que existen policías detenidos debido a su participación en estos hechos), y se presume la culpabilidad del mando de mayor jerarquía en el lugar, ya que ÉL PUDO HABER EVITADO LA MUERTE DEL NIÑO JOSÉ LUIS TEHUATLE TAMAYO”.

La postura emitida este lunes por el Revolucionario Institucional demanda que la CNDH no dé por cumplidas las recomendaciones que el gobierno del estado de Puebla pretende hacer valer y, como corresponde legalmente, turne esta investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que realice las acciones que conforme a derecho procedan.

El pasado sábado el gobierno estatal informó que dio cumplimiento a las 11 recomendaciones que recibió el 11 de septiembre, al amonestar y multar a Rosas Rosas; destituir de sus cargos a 3 mandos medios de la SSP e inhabilitar a seis policías estatales que participaron en el operativo.

Además detuvo a cinco pobladores de Chalchihuapan, a quienes el gobierno del estado acusa de atacar a los agentes durante la gresca e imputarles el delito de intento de homicidio, entre otros.

Sin embargo el aseguramiento de los civiles se dio en medio de golpes, amenazas e intimidaciones a sus familiares, destrozos en sus viviendas e incluso los pobladores señalan que tres personas no son las que en realidad buscaban los agentes, sino que fueron confundidos.