Ricardo Monreal Ávila, diputado federal de Movimiento Ciudadano, calificó como una “simulación” el cumplimiento que el gobierno del estado dio a las 11 recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo por la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo y el enfrentamiento entre policías estatales y habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

Previo a la presentación de su libro “Privatización del petróleo, reformas estructurales, mitos y realidades”, que se realizó en la Unidad de Seminarios de la BUAP, Monreal Ávila sentenció que las detenciones de cinco pobladores de Chalchihuapan la madrugada del domingo, son una muestra de la “crisis” de protección de derechos humanos “provocada por el gobierno represor de Rafael Moreno Valle”.

“Es una simulación lo que sucedió con las medidas preventivas o de amonestación que se presentaron con motivo de este asunto tan lamentable donde perdiera la vida un menor. No son sino una simulación (…) Puebla tiene problemas severos de presos políticos, de represión, de exterminio de la gente. Yo sostengo que Puebla padece un grave problema de derechos humanos. Hay crisis en protección de los derechos humanos”.

Durante la entrevista, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro aseguró que la respuesta que dio el gobierno del estado a las recomendaciones de la CNDH son una “vacilada”, debido a que no van al fondo y no generaron responsabilidades a los funcionarios que el 9 de julio estuvieron a cargo del operativo de desalojo de los vecinos de Chalchihuapan, en el cual un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por la policía estatal impactó la cabeza de Tlehuatle Tamayo, quien diez días después del enfrentamiento perdió la vida.

Indicó que desde la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano continuará con la exigencia de la liberación de los ciudadanos que el gobierno de Moreno Valle ha encarcelado por oponerse a sus proyectos y defender sus derechos.

Incluso, dijo que está solicitando a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, que intervenga para que se libere a los ciudadanos.

Sostuvo que es un “error” que el Congreso local opte por mantener vigente la denominada “Ley Bala”, debido a que los gobiernos deben de ocuparse de proteger los derechos humanos y no en promulgar ordenamientos que atenten contra los ciudadanos.

Monreal Ávila aseveró que las condiciones de corrupción, represión y del crimen organizado pueden convertir a Puebla en un estado de barbarie como sucede con los estados de México o Guerrero, en donde están los casos de Tlatlaya y la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala.

“En Puebla hay elementos de inseguridad, también hay presencia  de cárteles, en Puebla está este gobierno represor y presos políticos. Puebla podría convertirse en otro estado de barbarie, ya empiezan a surgir brotes en los que hay que presumir una gran corrupción”