Alejandro Mario Álvarez Puga, empresario hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien junto a su esposa Inés Gómez Mont enfrentan en México procesos judiciales por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La detención de Alejandro Mario Álvarez Puga ocurrió ayer por la noche en Cancún, Quintana Roo, pero se difundió hasta la mañana de este viernes en distintos medios nacionales. Acorde con la información que circula, lo detuvieron mientras estaba en la zona hotelera de la ciudad costera.

Aunque las autoridades no revelas los delitos que le imputan, portales lo señalan como presunto cómplice en la red de operaciones financieras investigada desde 2021 de Víctor Manuel e Inés Gómez Mont, por la triangulación de más de dos mil 950 millones de pesos provenientes de dos contratos con el gobierno federal.

Tras su detención lo trasladaron al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde quedó a disposición de un juez federal.

Las investigaciones vs Víctor Manuel e Inés Gómez Mont

A Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, lo detuvieron en Miami, Florida, a mediados de septiembre de 2025 agentes de Migración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, debido a irregularidades en su estancia en el país vecino.

Se informó que durante los primeros días de arresto quedó recluido en el Centro de Procesamiento Krome North SPC, instalación destinada al control migratorio. Aunque la detención no estuvo relacionada con las acusaciones fiscales contra suya activas en México, el gobierno reveló que pediría su extradición.

Acorde con el periodista Luis Chaparro, el mismo día de la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga, agentes del ICE encontraron a Inés Gómez Mont, pero no la detuvieron ya que se encontraba con sus hijos menores de edad.

En México, Víctor Manuel Álvarez Puga y su hermano Alejandro son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto federal mediante una red de empresas fantasma vinculadas a contratos simulados con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En 2018, Inés Gómez Mont intentó regularizar su situación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con un pago de más de 11 millones de pesos, aunque la autoridad determinó que aún existían adeudos pendientes.

Con información de Animal Político, Sin Embargo y SDP Noticias (JRLM)