La protección del medio ambiente se ha convertido en una de las principales preocupaciones de nuestro tiempo. Cada vez resulta más evidente que el crecimiento urbano, la contaminación y el deterioro de los recursos naturales exigen políticas públicas responsables que permitan construir ciudades más limpias, ordenadas y sustentables para las futuras generaciones.

Por ello, los gobiernos suelen promover campañas de reforestación, programas de cuidado ambiental y discursos encaminados a generar conciencia sobre la importancia de preservar nuestro entorno. Después de todo, cuidar el medio ambiente no debería ser una opción política, sino una obligación permanente de cualquier autoridad.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre hablar de sustentabilidad y practicarla. Porque la protección ambiental no se limita a sembrar algunos árboles durante una jornada de reforestación o a pronunciar discursos sobre el cuidado de la naturaleza. También implica evitar la contaminación visual, proteger las áreas verdes existentes y utilizar de manera responsable el espacio público.

Y es precisamente ahí donde comienza una contradicción que cada vez resulta más evidente para miles de poblanos.

Mientras por un lado el Gobierno del Estado impulsa proyectos de infraestructura como el Cablebús, que han generado preocupación por la pérdida de arbolado en distintos puntos de la ciudad, por otro lado, se multiplican pendones, lonas y estructuras metálicas colocadas en camellones y espacios públicos para presumir obras gubernamentales que terminan convirtiéndose en una nueva forma de contaminación visual.

Porque basta recorrer las principales avenidas intervenidas por el Gobierno del Estado, para encontrar un patrón repetido: cada obra pública parece venir acompañada de la necesidad de señalar quién la ejecuta, quién la inaugura o quién se adjudica el mérito político de una acción financiada con recursos públicos. La obra no termina cuando se concluye; termina cuando se instala la propaganda.

Y es que resulta difícil ignorar las estructuras y anuncios institucionales colocados en distintas obras de pavimentación impulsadas por el Gobierno del Estado y PEMEX. Más allá de la participación de ambas instituciones, surgen algunas interrogantes: ¿el espacio público está para informar o para promocionar gobiernos?, ¿qué aporta más a la ciudad, un árbol o una estructura metálica en un camellón?, ¿la sombra natural o una lona que terminará en la basura cuando concluya la campaña institucional?

Las interrogantes no son menores cuando se observa que, en muchos casos, estos anuncios no cumplen una función informativa indispensable para la ciudadanía. Se trata más bien de recordatorios permanentes de que el gobierno está presente, incluso en obras que forman parte de sus obligaciones básicas.

Porque pavimentar calles, rehabilitar avenidas, mejorar parques o dar mantenimiento a la infraestructura urbana no son favores personales de ningún gobernante, son responsabilidades inherentes al cargo que desempeñan y que, además, se financian con recursos públicos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos.

Por eso resulta válido cuestionar si la ciudad necesita más obra o más propaganda para justificarla.

Un ejemplo particularmente llamativo puede observarse en diversos trabajos de reencarpetamiento donde han aparecido anuncios de PEMEX colocados en camellones y espacios públicos. La imagen resulta inevitablemente contradictoria. Mientras se habla de movilidad sustentable y protección ambiental, se siguen ocupando áreas verdes y espacios urbanos con elementos publicitarios que generan contaminación visual y que difícilmente contribuyen a mejorar el entorno de la ciudad.

Y es precisamente ahí donde surge otra pregunta incómoda: ¿las obras públicas necesitan concreto o necesitan propaganda?

Lo más curioso es que pocas veces se explica de dónde provienen los recursos con los que se realizan estas obras. Se presentan como grandes inversiones gubernamentales, como muestras de generosidad institucional o como evidencia de un compromiso extraordinario con la ciudadanía. Sin embargo, el dinero no sale del patrimonio personal de ningún funcionario.

De acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2026, tiene estimaciones que para la recaudación vinculada al impuesto predial en Puebla capital podría alcanzar aproximadamente 947 millones de pesos. Además, derivado del convenio aprobado para la administración y cobro de dicho impuesto, el Gobierno del Estado obtendría un porcentaje del 5 % de esa recaudación que podría representar alrededor de 47 millones de pesos anuales.

Es decir, mientras algunos funcionarios aparecen en anuncios, pendones o lonas presumiendo obras públicas, quienes realmente financian una parte importante de esas acciones son los propios ciudadanos cada vez que pagan su predial.

Porque las calles no se pavimentan con discursos. Se pavimentan con impuestos. Los parques no se rehabilitan con fotografías oficiales. Se rehabilitan con recursos públicos. Y las obras no son regalos de ningún gobernante. Son obligaciones financiadas por los contribuyentes.

Al final, el verdadero debate no gira únicamente alrededor de unos cuantos árboles, unos pendones o algunas estructuras metálicas colocadas en los camellones. El debate gira alrededor de una forma de gobernar. Una forma de gobernar que parece más preocupada por anunciar las obras que por explicar cómo se financian; más interesada en colocar propaganda que en proteger el entorno urbano; más enfocada en presumir resultados que en rendir cuentas y transparentar los gastos.

Porque los ciudadanos no necesitan gobiernos que les recuerden todos los días quién hizo una calle. Necesitan gobiernos que entiendan que esa calle fue pagada con sus impuestos. No necesitan más lonas, más pendones ni más anuncios ocupando el espacio público. Necesitan más árboles, más áreas verdes y más transparencia sobre el destino de los recursos públicos.

Mientras se presume amor por el medio ambiente, desaparecen árboles; y mientras se presentan obras como logros personales, se olvida mencionar que fueron financiadas por los propios poblanos. Porque el concreto podrá llevar logotipos, los pendones podrán llevar nombres y las lonas podrán presumir inauguraciones, pero el recibo sigue llegando al mismo lugar: al bolsillo de los ciudadanos.

Porque cuando un gobierno necesita más propaganda que resultados para convencer a la gente, el problema ya no está en los ciudadanos. El problema está en el propio gobierno. Y se habla de ‘por amor a Puebla’, pero ese amor no siempre se refleja en el paisaje urbano que hoy enfrentan los poblanos.