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El proyecto del cablebús que se vislumbra para la ciudad de Puebla sumó un nuevo amparo, en este caso reunió a diferentes sectores de la sociedad que comparten la preocupación por el medio ambiente y la escasa información que se tiene sobre este transporte.

Las personas que respaldaron la demanda fueron: usuarios y vecinos del Parque Ecológico, del Cerro de Amalucan y del Parque Juárez, además de académicos del Seminario Permanente de Investigación “Entramados Comunitarios y Formas de lo Político”.

También varias organizaciones no gubernamentales: Terraformar Librespacio Cultural, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C, y la estrategia jurídica a cargo del Nodo de Derechos Humanos.

#noalcablebús

AMPARO CONTRA EL CABLEBÚS EN #PUEBLA

· Se interpone demanda de amparo indirecto contra el proyecto integral para la construcción del sistema de transporte público por cable

· Estado de Puebla transgrede el Acuerdo de Escazú pic.twitter.com/tyZKksPnhu

— Nodo de Derechos Humanos (@nodho) March 12, 2026

Los interesados respecto a la situación de la ciudad de Puebla emitieron un comunicado de prensa en donde informaron que se presentó el recurso legal sustentado en la falta de estudios de impacto ambiental y consultas públicas.

Además de la violación de derechos al acceso a la información y el derecho a un medio ambiente sano.

El posicionamiento califica al cablebús como una "ocurrencia onerosa" que no resuelve los problemas de fondo de la ciudad y que prioriza la infraestructura sobre la preservación de áreas verdes.

Consideran que existe un riesgo inminente de tala y trasplante de cientos de árboles en puntos críticos como el Parque Benito Juárez, el Parque Ecológico, el Cerro de Amalucan y diversas áreas universitarias y camellones.

De acuerdo con su posición, la intervención en estas áreas verdes empeora la situación del Acuífero Valle de Puebla, el cual ya se encuentra sobreexplotado y en riesgo preexistente.

Se advierte que la tala de árboles afectará el hábitat de más del 50% de las aves observadas en la ciudad, destruyendo corredores ecológicos y refugios de especies nativas protegidas por la Ley General de Vida Silvestre.

El comunicado destaca estudios que vinculan los parques cuidados con la reducción de crímenes, señalando que la degradación de estos espacios comunes debilita el sentido de pertenencia y la cohesión social.

Este recurso legal es el segundo que se conoce públicamente, ambos amparos coinciden en la violación al convenio de Escazú del que México es parte, y el daño al ambiente. (CR)