Familiares de personas privadas de la libertad se manifestaron la tarde de este viernes afuera del Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula para exigir explicaciones por el traslado de 30 internos al penal de Tepexi de Rodríguez.

Los inconformes denunciaron que no fueron notificados y que desconocen los motivos específicos por los que sus parientes fueron enviados a otro centro de reclusión.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, el movimiento formó parte de un operativo interinstitucional realizado el 20 de febrero, con la participación de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal.

 Familiares protestan afuera del penal de San Pedro Cholula por el traslado de 30 internos a Tepexi de Rodríguez. Acusan que no fueron notificados y exigen información clara sobre los motivos del cambio; además, señalan presuntos abusos y piden el regreso de sus parientes.… pic.twitter.com/ZxxlondxYx

— Periódico e-consulta (@e_consulta) February 20, 2026

La autoridad aseguró que el traslado se efectuó bajo protocolos de seguridad y con respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, en el exterior del penal, madres, hermanas y esposas señalaron que se enteraron del cambio por redes sociales y no por conducto oficial.

Una de las manifestantes afirmó que su familiar no cuenta con sentencia y que no ha recibido argumentos claros sobre su reubicación, lo que calificó como un acto arbitrario.

Otra de las entrevistadas acusó que, tras la fuga de un interno ocurrida semanas atrás, a su hermano y a otros reclusos los señalaron por presunta complicidad sin pruebas visibles.

Aseguró que fueron enviados a celdas de castigo y que, pese a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, las condiciones no cambiaron de manera permanente.

Los familiares también expresaron preocupación por el costo y la logística que implica trasladarse hasta Tepexi de Rodríguez para realizar visitas. Indicaron que acudir cada semana ya representa un gasto considerable en Cholula y que el cambio complica aún más el contacto con sus seres queridos.

Durante la protesta, reprocharon que la dirección del penal no ofreció una explicación directa.

Señalaron que únicamente fueron atendidos por personal jurídico, sin respuestas concretas sobre la posibilidad de retorno o sobre los criterios utilizados para seleccionar a los internos trasladados.

Las autoridades estatales y municipales sostuvieron que la medida busca fortalecer la operatividad del sistema penitenciario y optimizar la capacidad del penal regional, como parte de acuerdos con el Gobierno del Estado.

No obstante, los inconformes advirtieron que mantendrán su exigencia de información clara y del respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.

Niegan liberación de custodio tras fuga en Cholula

Ante lo que trascendió en redes sociales sobre el custodio presuntamente implicado en la fuga del interno del penal de San Pedro Cholula —mensaje en el que se afirma que “ya salió libre” y que habría pagado dinero para obtener su libertad—, familiares de personas privadas de la libertad descartaron esta versión y aseguraron que el elemento continúa bajo investigación y no ha sido liberado. Señalaron que la información que circula en redes sociales es falsa.

El pasado 17 de febrero se dio a conocer que un reo identificado como Ernesto “N” escapó del CERESO de San Pedro Cholula, en el estado de Puebla.

El hombre se encontraba detenido por robo agravado y portación de instrumento prohibido. Su ausencia fue detectada durante un pase de lista, lo que activó protocolos de búsqueda; hasta el momento permanece prófugo.

Como parte de las acciones posteriores, el 19 de febrero autoridades estatales realizaron un cateo en el penal para recabar indicios que ayuden a esclarecer la evasión.

Durante el operativo aseguraron 24 objetos punzocortantes, nueve recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, siete bocinas, cargadores para teléfono, memorias USB y agujas para tatuar. Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades tanto internas como externas. (KR)