Presidentes auxiliares y el gobierno estatal acordaron el regreso de los servicios del Registro Civil a 208 comunidades en la entidad, aunque ello no implica que los primeros desistan en su postura para abrogar la reforma a la Ley Orgánica Municipal aprobada en diciembre pasado.

Asimismo los ediles confirmaron que el fiscal especial para el caso Chalchihuapan, José Antonio Pérez Bravo, ya está tomando las declaraciones de los habitantes y de manera paralela presentarán las denuncias penales por los daños causados durante el desalojo del 9 de julio.

Regresarán sólo registros civiles

El edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, reveló en una rueda de prensa que debido a la urgencia que tienen las comunidades por los registros civiles aceptaron un convenio propuesto por el gobierno del estado.

Este consiste en que el gobierno poblano dará licencia a los presidentes auxiliares para que operen los registros civiles, pero no regresarán los jueces de paz ni los policías comunitarios o los agentes subalternos del Ministerio Público a esas demarcaciones.

Si bien la propuesta fue hecha por el subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la SGG, Luis Arturo Cornejo Alatorre, la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) –que agrupa a los ediles- hará algunas modificaciones para presentarla a la Secretaría General de Gobierno (SGG) el viernes próximo.

Montes Bautista reconoció que como es sólo un acuerdo político, los funcionarios seguirán peleando porque regresen las atribuciones que tenían antes de la reforma a la Ley Orgánica, aprobada en diciembre de 2013.

La lucha continúa

"Nosotros no vamos a ceder, el hecho de que ahorita aceptemos ese ofrecimiento no quiere decir que nos echemos para atrás porque nuestra intención es que se respeten las juntas auxiliares", apuntó Montes Bautista.

También los integrantes de la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) pelearán por que les sean devueltas todas sus atribuciones, porque saben que el acuerdo con el gobierno se puede romper en cualquier momento.

Hasta el momento desconocen quién administrará los recursos recabados por la expedición de copias certificadas de nacimiento y defunción. Antes de la reforma el gobierno estatal les vendía a las juntas auxiliares los formatos en 90 pesos y ellos los daban a los ciudadanos entre 120 a 130 pesos.

Los ediles adjuntos aceptarán incluso que todos los recursos sean para el gobierno del estado, porque lo que les importa es que sus comunidades tengan el servicio.

De acuerdo con la propuesta de la SGG, los registros civiles sólo regresarán a las comunidades de los ediles que pertenezcan a la CEDIP, mientras que las juntas auxiliares restantes no gozarán del convenio.

Según comentó el presidente auxiliar de Chalchihuapan, no hay un plazo fijo para que los registros civiles vuelvan a las poblaciones, aunque confían en la voluntad de las autoridades para que sea lo más pronto posible.

Vecinos de Chalchihuapan demandarán penalmente

Con respecto al tema de las compensaciones a los pobladores de Chalchihuapan, Hilario Alonso Flores, representante del Frente Nacional de los de Abajo (FNA), dijo que el fiscal especial José Antonio Pérez Bravo ya comenzó a tomar las declaraciones.

Apuntó que muchos de los pobladores que dieron su testimonio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la conformación del resolutivo emitido el 11 de septiembre, harán lo propio ante el Ministerio Público.

Sin embargo los habitantes que resultaron lesionados durante el operativo policial para desalojar la autopista Puebla-Atlixco también interpondrán una denuncia penal, aunque no adelantó por qué delitos.

Alonso Flores además refirió que ninguno de los perjudicados ha solicitado alguna clase de compensación, pues lo que les interesa es que los hechos se investiguen a fondo debido a que la resolución de la CNDH se "quedó corta" y que la reparación del daño la hagan las autoridades estatales.