Con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados dio luz verde a la Ley General de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras una sesión de más de 24 horas.

El proceso inició en comisiones con un aval exprés. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento aprobó el dictamen con sólo dos abstenciones de legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), ante la presión de posibles bloqueos por parte de campesinos.

Este paso envió el proyecto directamente al Pleno, donde el bloque de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impuso un trámite en "fast-track", dispensando los procedimientos habituales pese a las objeciones de la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

Las últimas modificaciones

En lo particular, se incorporaron más de 50 modificaciones de última hora, propuestas por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para atender las quejas del sector agrícola.

Entre estos ajustes destaca la eliminación de la transmisión libre de concesiones entre particulares, sustituida por reasignaciones supervisadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la garantía de que los derechos de volumen, uso y plazo se conserven en herencias o ventas de tierras.

Sin embargo, opositores como Rubén Moreira, del PRI, expresó que el impedimento de la transmisión de concesiones podría invalidar títulos vinculados a propiedades rurales, además de que no consultaron a los pueblos indígenas, advirtiendo inconstitucionalidad; revelaron concesiones a figuras como Vicente Fox, con 13.144 metros cúbicos en 14 títulos.

Manifestaciones afuera de San Lázaro

Fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, campesinos de Puebla, Tlaxcala y Veracruz rodearon el recinto con tractores, exigiendo que la ley preserve el factor tierra-agua, esencial para sus concesiones.

Acusaron a la normativa de no garantizar este lazo, amenazando con un bloqueo de al menos 48 horas, aunque se retiraron durante la tarde.

Organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo (FNRCM) calificaron la ley como "el último clavo al ataúd del campo mexicano", alegando que beneficia a las grandes empresas al impedir la herencia o venta de derechos hídricos, rompiendo promesas previas de diálogo.

La ley, que deroga la normativa de 1992 criticada por fomentar el acaparamiento privado, establece el agua como un derecho humano no mercantilizable.

Asimismo, introduce el Registro Nacional de Agua para transparentar concesiones, impone sanciones más duras por extracciones ilegales —conocidas como "huachicoleo hídrico"— y crea delitos contra las aguas nacionales, con penas de hasta ocho años por corrupción en títulos o de tres meses a cinco años por desviar cauces sin permiso.

También excluye usos domésticos y agropecuarios familiares de estas sanciones, y obliga al Estado a prevenir violaciones al acceso al agua, incluyendo reparaciones a afectados. (MCJ)