La Secretaría de Educación Pública (SEP) formalizaron este 24 de noviembre la entrega de becas completas y vitalicias a 18 víctimas directas de abuso sexual en 2018 dentro del jardín de niños Marcelino Champagnat, de la Ciudad de México, cometido por funcionarios de la capital.

El decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) respondió a sentencias judiciales que condenan al Estado por omisiones en la protección de estos menores —entonces de entre 3 y 5 años— y estableció el esquema educativo diferenciado para garantizar su desarrollo hasta la educación superior.

¿Qué ocurrió en el Marcelino Champagnat?

Los atroces abusos sexuales ocurrieron de enero a octubre de 2018, cuando servidores públicos adscritos a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AELFM) cometieron el crimen contra al menos 37 niños.

Las 18 personas beneficiarias quedaron identificadas como víctimas directas en los procesos penales bajo las causas 427/2018 y 258/2018, y acumuladas.

Las denuncias que impulsaron padres con bloqueos revelaron tácticas de intimidación por parte de los agresores, entre ellas amenazas del coco para silenciar a los pequeños tras los abusos sexuales.

Un juez solicitó investigar a más autoridades escolares por negligencia, destacando fallas sistemáticas en la vigilancia del plantel.

La resolución judicial que se emitió el 8 de septiembre de 2025 en el expediente SIPE 207/2023 tras una audiencia el 22 de agosto, ordenó estas becas como medida de satisfacción y garantía de no repetición, alineada con el artículo 51 de la Ley General de Víctimas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, lideró en 2025 un acto de disculpa pública donde la SEP reconoció sus omisiones en la creación de un entorno seguro para los menores, comprometiéndose a tratar de reparar el daño.

¿De qué irán las becas para las víctimas?

El programa de becas, exclusivo para las víctimas y ajeno a iniciativas universales como las de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, cubre desde preescolar hasta la culminación de estudios superiores en instituciones públicas.

El único requisito es la inscripción en un plantel público y el avance en el ciclo escolar correspondiente.

Estas ayudas se financian con recursos propios de la SEP a través de sus subsecretarías de Educación Básica, Media Superior y Superior, la Unidad de Administración y Finanzas.

Los montos se calculan conforme a las Reglas de Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, publicadas el 29 de mayo de 2014 en el DOF, basados en el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.

Para preescolar, primaria y secundaria, es decir, educación básica, equivalen al 80 por ciento del salario mínimo; 90 por ciento y 100 por ciento para bachillerato o preparatoria, nivel medio superior; y 200 por ciento para educación superior.

El pago mensual surge del monto diario (porcentaje aplicado al salario mínimo) multiplicado por 30, y el anual por 11 meses, considerando los ciclos escolares.

Una de las víctimas, con educación especial, recibió un incremento del 10 por ciento como ajuste razonable, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con información de EL Universal y X del DOF (JRLM)