De los 64 programas sociales que opera el gobierno del estado, en 17 no se ubica un presupuesto público, en 13 se omite un informe sobre el ejercicio de su gasto, cuatro carecen de un padrón de beneficiarios público y tres no generan un informe anual, además de que la información de estos últimos es imposible ubicarla en medios electrónicos.

Así lo señala un análisis hecho por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, sobre el avance en la institucionalidad de los programas sociales en las 32 entidades del país.

De manera general el estudio identificó que en el país existe falta de transparencia en los trámites, gestión de recursos y otorgamientos sociales, posibles actos de corrupción y uso electoral de los programas, así como anomalías en los padrones de beneficiarios y la inexistencia de una política social integral.

Para elaborar el reporte el CESOP revisó la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los programas Sociales (Ipro) (www.programassociales.org.mx).

Dan calificaciones “medias” a Puebla

Para el análisis, la administración estatal reportó la operación de 64 programas sociales, de los cuales en 47 se identificó un presupuesto público, es decir, del total sólo el 73.4 por ciento cumple con ese requisito, por lo que se le asignó una calificación de cumplimiento “medio”.

Por otra parte, 13 programas carecen de un reporte sobre el uso de los recursos públicos con los que operan, lo que arroja un porcentaje de cumplimiento del 79.7 respecto del total, que se ubica en la categoría de “aceptable”.

Asimismo, cuatro diferentes programas de asistencia social no tienen un padrón de beneficiarios que sea público, mientras que el resto, que alcanza un 93.8 por ciento del total, sí cuenta con el mismo y por ello obtuvo una calificación de “aceptable”.

De igual manera, cuatro programas carecen de un informe anual de resultados y tampoco se puede ubicar su información en medios electrónicos, no obstante, los 60 que sí cuentan con ese requisito alcanzan un porcentaje de cumplimiento del 95.3 por ciento.

El reporte refiere que los problemas de transparencia en los esquemas sociales se centran, precisamente, en las políticas sociales que elaboran los estados, pues en estas muchas veces no existen padrones públicos, no existen reglas de operación y tampoco hay informes de cómo se han utilizado los recursos públicos.