Diputados federales de izquierda celebraron la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan, aunque consideraron que apenas es “un paso” y ahora falta llevar ante la justicia al culpable material del asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y los demás responsables de las violaciones graves a los derechos humanos.

Las legisladoras de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, Loretta Ortiz Ahlf, del PT, y Elena Tapia Fonllem, del PRD, consideraron que luego de la Recomendación 2VG/2014 de la CNDH, el caso no debe quedar impune, pues evidencia que en Puebla “predomina un sistema de autoritarismo, impunidad, encubrimiento y opacidad”.

Las diputadas calificaron como un paso de gran trascendencia que la investigación de la CNDH haya desnudado las mentiras del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y determinara que fue el uso excesivo de la fuerza de elementos de la Policía Estatal, y en específico un cilindro de gas lacrimógeno disparado por agentes de esa corporación, la que hirió de muerte al menor.

Dijeron que la conclusión de la CNDH “deriva de la presión ciudadana y de las organizaciones sociales (…) La muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, las lesiones permanentes a tres personas, las graves heridas que sufrieron decenas de pobladores y las detenciones arbitrarias pudieron haberse evitado. No se cumplió con ningún protocolo de actuación apegado a los derechos humanos ni se privilegió el diálogo, sino que se dio la orden de enfrentar la protesta mediante la represión”, agregaron.

Condenaron el uso excesivo de la fuerza, el manejo inadecuado de armamento, la obstaculización de las averiguaciones, así como la difusión pública de una versión ficticia de los hechos, por parte del gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas.

Las legisladoras de la Comisión de Derechos Humanos se pronunciaron porque el procurador estatal, Víctor Carrancá Bourguet, y el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, asuman su responsabilidad y se retiren de sus cargos.

Asimismo, exigieron a las autoridades federales que inicien las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables y conminaron al titular de la CNDH, Raúl Plascencia, a que dé un seguimiento puntual y exhaustivo al cumplimiento de la recomendación.

Resolución crítica

En tanto, por separado, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, consideró que la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la muerte de un menor a causa de un proyectil disparado en medio de una manifestación en Chalchihuapan, Puebla, es crítica y las autoridades deben tomar cartas en el asunto.

“Yo vi una parte crítica cuando (la resolución de la CNDH) dice que no fue un cohete, sino que un proyectil. Ahora, tocará a las instancias judiciales tomar cartas en el asunto con quien sea responsable del tema”, indicó a la prensa luego de asistir a un evento con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial.

Aureoles Conejo fue cuestionado también sobre un posible deslinde de responsabilidades al jefe del Ejecutivo local.

“Bueno, de entrada, aunque como siempre suceden estas cosas, luego recaen en los mandos menores...Eso es un buen paso, lo demás, pues, ya será en las instancias judiciales donde se deslinden responsabilidades”, subrayó.