El gobierno del estado promueve la centralización económica y política de las comunidades y juntas auxiliares de Puebla, lo cual contraviene el artículo 2 constitucional que otorga a las poblaciones indígenas el derecho de escoger un gobierno comunitario, aseguraron especialistas que participaron en el foro "Juntas Auxiliares: Procesos de Resistencia", realizado en el edificio de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP.

Tras el evento, integrantes del Frente Nacional Los de Abajo (FNA) y de la Coordinadora Estatal por la Identidad de los Pueblos (CEDIP) anunciaron una marcha el día 18 de septiembre a las 11:00 horas en San Bernardino Chalchihuapan, además de un foro para hablar del desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, que dejó un saldo de un menor muerto y más de 100 heridos.

Viola derechos de pueblos indígenas

El doctor Gaudencio Ruiz García, de la facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), señaló que en Puebla la administración estatal hace un intento por desaparecer el gobierno en las localidades a través de leyes que están muy lejos de buscar el consenso.

Esa situación iría contra el derecho que tienen las más de 611 Juntas Auxiliares y las miles de comunidades indígenas del estado para decidir sus formas internas de organización política, económica y cultural, así como elegir de acuerdo a sus prácticas tradicionales a sus autoridades, como establece el artículo segundo constitucional.

El especialista en Derecho explicó que la autoridad en las comunidades, inspectorías y juntas auxiliares es considerado el cuarto nivel de gobierno, que es más cercano a las personas y por lo tanto debería reforzarse, pero al contrario la administración estatal impulsa una globalización sin reconocerlas.

"Lo que él (el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas) impulsa es la globalización bajo términos de negocio, del mercado, no le importa el factor humano, a él sólo le importa hacer negocios con todo, con el agua, con los vereficentros (...) Es un modelo muy depredador, pero tiene que haber un modelo más humano", apuntó el académico.

Cada vez menos recursos para comunidades

Por su parte el doctor en Economía Alejandro Chávez Palma expuso que el federalismo impulsado por el Ejecutivo del estado también acota las fuentes de ingresos a las comunidades, ya que con la reforma a la Ley Orgánica Municipal los presidentes auxiliares se quedaron sin ingresos para resolver los problemas de las comunidades.

De igual manera los recursos y programas que se establecen desde el gobierno federal no "bajan" a las comunidades, por eso consideró una lucha legítima la de las comunidades para mantener su autonomía y dejar de depender de los municipios, que a su vez están controlados por el gobierno estatal.

Chávez Palma manifestó que si bien el Estado debe "entenderse y tener presencia" en todos los pueblos, tiene que ser como la propia Constitución marca en el artículo 2, a través de un gobierno comunitario.

"Para organizar a la sociedad se debe empezar desde abajo, desde su base, desde los barrios, colonias, comunidades y pueblos. Y a partir de ella rehacer el Estado completo", sugirió el economista de la BUAP.

Por ello condenó el "colonialismo" que impulsa el gobierno estatal no sólo a través de quitar poderes a las juntas auxiliares, sino también al permitir el crecimiento de la mancha urbana hacia las poblaciones.

Ciudadanos deben involucrarse en la lucha

Durante una breve intervención, Hilario Alonso Flores, del FNA, manifestó que la lucha de las Juntas Auxiliares no es una lucha aislada sino que es la de todos los pueblos indígenas o no, por ello llamó a los ciudadanos a que se sumen a las movilizaciones para exigir el regreso de los registros civiles a las localidades.

Descartó que el movimiento que impulsa la CEDIP congregue sólo a doce presidentes auxiliares, sino que tendría contacto con más de 200, quienes están a favor con impulsar no sólo la derogación de la ley orgánica sino que también de elaborar una propuesta alterna.

También Alonso Flores pidió que se reconozca el derecho que tienen los pueblos indígenas para defender su autodeterminación, porque con la reforma a la Ley Orgánica Municipal no sólo se desconoce a los ediles adjuntos como jueces del registro civil, sino que los jueces de paz tampoco son reconocidos y los policías ya no pueden ser nombrados por las comunidades.

Tanto especialistas como representantes de las Juntas Auxiliares criticaron la política “autoritaria y centralista” del gobierno estatal, que ha llevado al enfrentamiento de pobladores y autoridades en municipios como Ocoyucan, con el desalojo de manifestantes de Chalchihuapan, y en las propias Cholulas donde habitantes fueron despojados para construir un parque.

Manifestaron que el modelo de gobierno es "atrasado y fracasado", por eso llamaron al diálogo y al fortalecimiento del cuarto nivel de gobierno.