Entre el 2023 y 2024 se cometieron en Puebla 338 homicidios dolosos, de ese total la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo logró sentencia contra tres responsables, lo que representa el 0.77 por ciento.

La cifra representa una deficiencia estructural entre la Fiscalía y su unidad especializada para investigar este tipo de delitos, aseguró el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana, Simón Alejandro Hernández León.

Además, por los 338 homicidios cometidos en dos años sólo fueron detenidos 32 posibles responsables.

De acuerdo con la información obtenida vía solicitud de información, en el 2023 se perpetraron 135 homicidios dolosos.

Por estos crímenes, 18 personas fueron detenidas, pero sólo a 16 las vincularon a proceso y tres recibieron sentencia.

En 2024, se denunciaron 203 crímenes, cifra que representó un aumento del 50.37 por ciento en comparación con el 2023.

Por los homicidios, 14 personas fueron detenidas y vinculadas a proceso, pero ninguna ha recibido sentencia.

Deficiencias de la Fiscalía desalientan formalización de denuncias

Para el académico, las cifras evidencian deficiencias en la procuración de justicia que padecen las víctimas de delitos, que desalientan la formalización de denuncias.

Además, muestran la necesidad de las autoridades para replantear su política de persecución de delitos, medida que también debe de estar acompañada de información que permita a la ciudadanía evaluar el desempeño de la dependencia.

“Una fiscalía tendría que presentar un programa de persecución, qué tipo de delitos va a prevenir, cuánto tiempo va a llevarse para investigar, qué tipo de resultados espera alcanzar en cuanto a los casos, incluyendo los procesos condenatorios”, enfatizó Simón Alejandro Hernández.

A 10 años de una reforma constitucional que otorgó autonomía a las fiscalías, persisten deficiencias en la investigación de delitos, explicó el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la universidad Ibero.

De acuerdo con Simón Alejandro Hernández, esta situación también se manifiesta en prácticas burocráticas que desaniman a las víctimas a denunciar.

“Las victimas enfrentan diversos obstáculos burocráticos que desalientan la formalización de las denuncias, como pedirles que acudan a ratificar (…) las pocas garantías en cuanto a sus derechos, a ser informados o la poca eficiencia para que cuenten con una copia de su caso”, explicó el académico. (CR)

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