El 18 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, razón por la cual tiempo después, en diciembre de 2000, se decidió que el 18 de diciembre sería el Día Internacional de los Migrantes.

Según el Informe para las Migraciones en el Mundo de 2024, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, en nuestro planeta hay cerca de 281 millones de personas en contexto de migración, lo que representa menos del 4 por ciento de la población mundial que ya rebasa los 8,000 millones de personas. Esta numeralia no disminuirá, al contrario, se incrementará debido a que las causas de la migración están ligadas al incremento de la violencia en todas sus manifestaciones, a los conflictos internos y los internacionales que siguen surgiendo y al cambio climático.

En este escenario, preocupan particularmente las manifestaciones que ha venido realizando el presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, durante toda su campaña e incluso antes. Esta historia ya la vivimos y el resultado fue desastroso.

El nivel de amenazas ahora ha incrementado, pues se ha dicho que se destinarán más recursos para continuar con la construcción del muro, se realizarán expulsiones colectivas con el auxilio, incorrectamente, de las autoridades nacionales, se separarán y, en su caso, se regresarán a las familias migrantes, y la creatividad seguirá expandiéndose. No hay nada que nos haga pensar que lo anunciado no sucederá, sino todo lo contrario e, incluso, se potenciará.

La intención es sacar a todos los migrantes posibles y evitar a toda costa dejar entrar a los de afuera, como si el país pudiera subsistir solo. No se ha pensado que quienes seguramente estarán festinándose son las redes de tráfico de personas especializadas en trasladarlas de un país a otro mediante la obtención de un beneficio económico, aumentando la tarifa y arriesgando la integridad de las personas migrantes.

Llama la atención que el anuncio de las medidas antiinmigrantes adolezca del análisis del impacto económico y social que las medidas causarán, sobre todo que se trata de un gobernante empresario. Las personas migrantes forman parte, desde hace mucho, de la ecuación para el desarrollo, pues constituyen una parte de mano de obra indispensable en sectores industriales como la construcción, los restaurantes, la agricultura y lo doméstico, por señalar algunos. Aún más, de quedarse sin migrantes se dejarán de percibir los ingresos que se producen por el envío de las remesas a las familias de los migrantes; recuérdese que estadísticamente Estados Unidos está a la cabeza de la lista de los países de donde proviene la mayor cantidad de remesas.

Ante este escenario, el Estado mexicano, no solo el gobierno, debe estar atento, como hasta ahora lo ha hecho, en no caer en provocaciones, pero también debe tomar medidas para hacer frente a esta situación. La información es clave, por lo que los migrantes mexicanos, y todos los migrantes en general, deben saber cómo reaccionar en caso de ser sujetos de una revisión anormal por parte de las autoridades, migratorias o no, con miras a una deportación ilegal.

Deberán protegerse sus derechos para lo cual todas las instituciones de protección de derechos humanos, federales y locales, especialmente los gobiernos locales cuyos habitantes tengan fuerte presencia en las diversas regiones de los Estados Unidos, debieran realizar una gran alianza con la red consular para ayudarla y transformarse en una red de defensorías de derechos humanos, no solo de nombre, sino con la posibilidad de entrar en contacto directo con las personas nacionales, entablar estrategias de defensa con organizaciones de la sociedad civil, contratar despachos o acudir a los que tienen ejercicio pro bono y capacitar a quienes tengan la posibilidad de acceder a la ciudadanía estadounidense, que es la forma más segura de evitar todo el atropello que viene. En la estrategia que se siga no debe perderse de vista al juez estadounidense, por lo que el litigo estratégico es clave para la defensa de los migrantes.