La próxima semana en Puebla habrá la renovación de 217 municipios en el estado de Puebla y es necesario que como sociedad civil y gobierno consideremos diversos temas que requieren atención en este último trimestre del año, ya que ha sido una constante en Puebla, que ante los cambios de administración pública municipal, se puedan generar conflictos sociales en lo local, derivado de las deudas sociales que dejan las administraciones salientes o los resentimientos postelectorales que no han resuelto las autoridades municipales entrantes.

También los sujetos de riesgo o agentes agresores locales o regionales ven este vacío del poder como un momento coyuntural para pretender imponer y exigir sus cuotas, lo que frente a esta natural falta de pericia y experiencia de diversas autoridades municipales entrantes, pudieran provocar se escalen las agresiones verbales, físicas o desencadenar intentos de linchamiento o que éstos se consumen, ante el natural debilitamiento de las instituciones locales frente al cambio de autoridades.

A nivel nacional, Puebla es uno de los cinco estados con mayor incidencia en actos de linchamiento, siendo los municipios de San Martín Texmelucan, Acajete, Tlahuapan, Tecamachalco, Amozoc, Atlixco, Huejotzingo, Huauchinango, Tlacotepec, San Andrés Cholula, Cañada Morelos; y Puebla es el municipio en ocupa el cuarto lugar nacional (45 casos), Los que han registrado mayor número de casos de 2019 a 2023, precisando que de este periodo en toda la entidad se tienen identificados según datos de la Secretaría de Gobernación de Puebla, Fiscalía del Estado y registros hemerográficos 582 intentos de linchamiento, de los cuales 27 se consumaron.

El problema no solo radica en los casos que se consumaron, sino en la enorme cantidad de conflictos sociales que se tienen generados en el Estado y que cosméticamente se están conteniendo, pero sin estar resueltos de fondo, traduciéndose que diversos municipios del estado están en una tensa calma y bajo un ambiente de violencia que debería ponernos en alerta.

Y vale la pena la aclaración y el recordatorio. La agitación que se vive en el estado es multisectorial e histórico, así como de factores externo e internos y la propia dinámica que se ha vivido por lo inédito de nuestra historia reciente en Puebla de los últimos diez años, del 2014 al 2024 vamos a tener nueve gobernadores, incluyendo al gobernador electo que tomará protesta quince días antes de que termine este año. Esta obscura dinámica política que provocó primero el gobernador más represor en la historia moderna de Puebla que explotó en conflictos sociales de todo tipo desde el 2013; después nos enfrentamos en Puebla a un doble conflicto político: primero un fugaz gobierno de un año ocho meses que en lugar de traer estabilidad lo que generó fue caos por la falta de tiempo y asentamiento de los nuevos actores políticos; y segundo, los ajustes de poderes que se hicieron en el ayuntamiento de la capital que trajo aún más caos al estado, los enormes conflictos electorales y post electorales vividos en el Estado con la elección del 2018 y la imposición de la esposa de Rafael Moreno Valle y el monumental fraude electoral que se vivió, motivando que el estado de Puebla se incendiara y entramos a una dinámica de caos, conflicto y enfrentamiento social, situación que conforme pasaban los días en el efímero gobierno de Martha Erika Alonso y la enorme violencia que su marido ejercía desde el Senado de la República, daba como resultado que nuestro estado se violentara cada vez más, situación que se agravó posterior al fatal accidente y la llegada de quien fuera su secretario de Gobernación, lo cual motivó mayor violencia, mayor caos, daños irreversibles.

Ante la llegada de Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino, se logró poner en pausa la violencia y entró el diálogo y la conciliación; se construyó un gobierno de todas y todos, sumado a que en muy poco tiempo se redujeran los niveles de violencia. Se empezaron a construir procesos de paz con los grupos sociales que habían sido violentados en el pasado, no se consumó ningún linchamiento en este periodo de seis meses, pero frente a diez años de conflictos seis meses solo fue un respiro, toda vez que con la llegada de Barbosa, el estado se convulsionó, se generó la mayor inestabilidad nunca antes vista en la historia moderna, se persiguió, se denigró, se lastimó a cientos y cientos de opositores, pero también de quienes fueron aliados del gobernador.

Era una guerra del gobernador contra los poblanos, provocando que perdiera equilibrio y estabilidad, resultando en la mayor violencia en la historia y en ascenso, era enorme el caos que se vivía en Puebla. Fue hasta la llegada de Sergio Salomón Céspedes Peregrina que Puebla ha logrado procesos de conciliación con los poblanos, sin embargo, es tan profundo el daño social que desde hace diez años se ha generado, que no se resuelve con un decreto. Son años de reconstrucción de procesos de paz y eso está llevando.

Por lo que hemos vivido debemos entender que Puebla está en una etapa de recuperación, en terapia intensiva y lo debemos atender como un estado que aun requiere de muchos cuidados sociales. Este gobierno ha hecho una labor formidable, pero aun está en riesgo por las heridas que no sanan, por los daños irreparables; y ya viene el cambio de gobiernos municipales y tenemos que actuar desde una visión de prevención de las violencias y no volver a caer en el rol de ser reactivos frente a la violencia, por lo mismo es necesario que se tomen las siguientes medidas:

Actualizar el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla de acuerdo con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, donde se establece que el “Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública”. El tratamiento de los casos de linchamiento debe ser primero con una orientación de entendimiento de como son y cómo actúan las comunidades para integrarlo a los protocolos y actuaciones en materia de prevención de casos de violencia en localidades (posibles linchamientos).

Segundo, con enfoque de derechos humanos, no discriminación y en pleno respeto a la comunidad, esto con la finalidad de evitar, pérdidas humanas, materiales y de la paz. Por lo que se debe considerar la capacitación de los cuerpos policiales en casos de intentos de linchamientos, atención a víctimas, uso de la fuerza y utilización de dispositivos y armamento menos letales. Urge actualizar los protocolos porque el creado en el 2019 fue bajo las condiciones que en ese momento se vivían, las cuales son distintas en este 2024.

Urge la creación del diagnóstico integral de los municipios con mayor incidencia de casos de violencia que considere los últimos años de estadística para su consulta, puesto que no hay coordinación interinstitucional en la presentación de cifras oficiales del tema y a partir de las tomas de protesta, existe el riesgo de una descomposición social con la llegada de nuevas autoridades municipales.