Violaciones a derechos humanos y la desaparición de diversas organizaciones, así como la eliminación de la carrera judicial, son puntos preocupantes de las reformas impulsadas por el Ejecutivo, que modificarían organismos autónomos, la Guardia Nacional, el Poder Judicial y la prisión preventiva, consideraron académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla.

“Serían un retroceso, ubicamos que la Reforma al Poder Judicial tiene elementos plausibles, pero también elementos preocupantes. Creemos que se ha entrado en proceso de debate en la selección de los funcionarios judiciales, cuando en realidad tendríamos que estar discutiendo o debatiendo una reforma desde la perspectiva sistémica, es decir, una revisión del sistema penitenciario”, señaló Mario Ernesto Patrón, académico y rector de la Ibero Puebla.

Este lunes, académicos de la Ibero Puebla, encabezados por el rector, presentaron un análisis a cuatro reformas constitucionales impulsadas por Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.

Una de ellas pretende modificar al Poder Judicial, situación por la que tanto en Puebla como en otros 24 estados trabajadores de sus respectivas sedes comenzaron una huelga, misma que ya cumplió una semana.

El rector de la Ibero, Mario Ernesto Patrón, señaló que del paquete de 20 reformas a cuatro pusieron especial énfasis, pues consideró que se trata de puntos que deben analizarse y discutirse, pues pasan por alto el cuidado de la autonomía, independencia e imparcialidad en función de sus atributos técnicos.

Patrón Sánchez, en conjunto con los académicos Rafael Rodríguez Moreno, Rosario Arrambide González, Simón Hernández León y Shanik David George, presentaron el análisis de las Reformas Constitucionales, las cuales serán enviadas al Congreso de la Unión.

Reforma al Poder Judicial: “Hay puntos que preocupan”

El académico Rafael Rodríguez Moreno presentó los “elementos problemáticos” de la Reforma al Poder Judicial. Señaló que si bien trabajadores están en contra de la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, existen otros puntos que preocupan.

Señaló que las facultades de investigación no deben ser sólo responsabilidad de la Tribuna de Disciplina Judicial, ya que se corre el riesgo de desarrollar un modelo judicial inquisitivo.

“La elección de juzgadores en el pleno no está debidamente justificada, se deben mantener las salas especializadas… Aunque se estima la limitación de uno a dos años de no haber ejercido un cargo público para que se postulen a cargos jurisdiccionales, es muy breve; se propone que la elección sea por etapas”, informó Rodríguez Moreno.

Reforma a Guardia Nacional busca que se adscriba a la Sedena

Por su parte, Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), remarcó que la reforma a la Guardia Nacional es regresiva, pues incumple con determinaciones a los derechos humanos en México y da amparo a las fuerzas armadas permanentes para realizar tareas propias de autoridades civiles.

La académica señaló que de 2020 a octubre de 2023 la Guardia Nacional ha presentado un mayor número de quejas que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues han llegado a más de 500 y por ello no deben ampliarse las tareas de las Fuerzas Armadas.

Con respecto a la reforma al Artículo 19, para ampliar los delitos de prisión preventiva, ésta fue calificada de innecesaria, ya que con ello estarían en la cárcel personas que no han tenido acceso a una sentencia.

“Esta reforma es innecesaria, regresiva, tiene implicaciones de responsabilidad internacional para el estado mexicano. En México hay una distorsión en sistema de justicia la regla no es la presunción de inocencia, sino de culpabilidad”, dijo el académico Simón Alejandro Hernández Limón, quien analizó esta reforma.

El experto señaló que este paquete de reformas también presenta una modificación al artículo 19, donde se plantea la ampliación de delitos sancionables con prisión preventiva, lo que dará pie al encarcelamiento de personas sin una sentencia.

El académico considera que si esta reforma se lleva a cabo se abonará a un escenario de inconstitucionalidad e impunidad en el país, ya que en la actualidad el 44% de las personas en prisión no tienen una sentencia, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México a eliminar la prisión preventiva. “Se estaría incurriendo en desacato”, dijo.

Reformas a organismos autónomos buscan desaparecerlos

Por último, la académica Shanik David George, responsable de Observatorio Con los Ojos Abiertos: Por El Derecho a la Verdad del IDHIE, presentó su análisis de la reforma en materia de organismos autónomos.

Reveló que ésta fue aprobada para enviarse al pleno el viernes 23 de agosto, pero evidenció una falta de proyección de los efectos que causaría tras ser aprobada.

“Se reconoce que estos son organismos perfectibles. Sin embargo, no porque tengan deficiencias en algunos aspectos o porque puedan ser controlados debería esto llevarnos a su desaparición, sino más bien a su mejora”, consideró.

En ese sentido, el panel propuso regresar este dictamen para una discusión responsable en comisiones, planteando “mejorar a estos organismos, para que así se puedan seguir protegiendo nuestros derechos humanos”. (MCJ)