Los residentes de la junta auxiliar de San Pedro Benito Juárez, en Atlixco, hacen un llamado urgente a la arquidiócesis de Puebla para que retire al párroco Bartolo Lara Bernardo. Consideran que su presencia continúa promoviendo la violencia y la división dentro de esta comunidad, ubicada en las proximidades del cráter del volcán Popocatépetl.

En este sentido, instan a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación a mantenerse atentos a la integridad del pueblo y a respaldar a las autoridades comunitarias, como fiscales y mayordomos.

Asimismo, exigen al presidente auxiliar, Gabriel Silva Lozano, que intervenga para prohibir la entrada del párroco a la comunidad y evitar cualquier acto de violencia colectiva. Aseguran que el párroco respalda y financia al grupo que tomó violentamente la parroquia hace más de un mes, y solicitan su retiro del templo.

En relación con la arquidiócesis de Puebla, solicitan respeto por los usos, costumbres y autonomía de San Pedro Cuaco, y demandan la designación de un párroco que conozca, entienda y respete la forma de organización comunitaria.

Por último, dirigen un llamado al sacerdote Bartolo Lara Bernardo para que respete la decisión de la asamblea comunitaria y se abstenga de ingresar al pueblo, oficiar misa en la junta auxiliar, o incitar a la población a la violencia y la división, ya sea a través de sus comunicados en redes sociales o en persona.

Cabe recordar que el conflicto en este poblado inicio en el año 2022, el 11 de junio, cuando a decir de los vecinos, “la comunidad harta de la violencia que les infringía el párroco Bartolo Lara Bernardo decidió, por mayoría, no reconocerlo como párroco de la comunidad, al mismo tiempo suspender su servicio religioso ni ingresar a la comunidad.

“Por sus reiteradas conductas al contravenir a las disposiciones, dado que, atentan contra el sistema normativo y el sistema de cargo que mantienen en armonía y colectividad a este pueblo originario.

“Dicha determinación le fue notificada pero no quiso firmar de recibido, ni acatar la decisión de la comunidad. Y ahora anuncia que el domingo 26 de mayo ingresará a la comunidad”, relatan en un comunicado enviado a la prensa.

Ante esta decisión detallan que: “El cura Lara Bernardo incitó a un pequeño grupo a tomar la parroquia, haciendo mucho más grande el conflicto y poniendo en constante tensión a la comunidad, quienes ya sufren los estragos emocionales de estas violencias. El grupo que ha tomado la parroquia es respaldado y financiado por el presidente auxiliar, Gabriel Silva Lozano y caciques políticos de la comunidad y la región”.

Esto desencadenó que el pasado domingo 19 de mayo: “El sacerdote Bartolo Lara Bernardo ingresara a la comunidad de San Pedro Cuaco, hoy San Pedro Benito Juárez, Atlixco, Puebla, provocando un escenario de violencia, donde hubo agresiones verbales y físicas, y donde más de nueve personas resultaron lesionadas”.

Lo anterior pese a que: “El miércoles 15 de mayo de este año, se llevó a cabo una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, luego de semanas desde la toma violenta de nuestra parroquia y lograda en gran medida gracias a la protesta pacífica de la Asamblea que culminó en la toma de la Presidencia Auxiliar.

“En dicha reunión, luego de horas de discusión, se planteó la necesidad de reconocer el sistema normativo interno de la comunidad para nombrar a sus autoridades tradicionales y la solución del conflicto generado con la toma violenta de la parroquia. Uno de los acuerdos verbales fue no provocar actos de violencia en la comunidad, a lo que el párroco Bartolo Lara Bernardo ha hecho caso omiso”.

Finalmente comparte que: “Hasta el momento la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla reduce el caso a un ‘conflicto religioso e intracomunitario’ cuando en realidad se trata del poder de la iglesia católica sobre un pueblo indígena, imponiéndose párrocos que quieren pasar sobre nuestros sistemas normativos internos.

“En dicha mesa recalcaron en más de una ocasión que la toma pacífica de la presidencia auxiliar, era responsabilidad de los Fiscales elegidos conforme a los usos y costumbres de la comunidad, a pesar de que esta fue una decisión de la asamblea comunitaria, y que debíamos saber que eso constituía un delito, es decir, dejaron claro que pueden criminalizarnos por ejercer nuestro derecho a la protesta y manifestación pacífica.

“El pueblo de San Pedro es de mucha fe y desea tener un párroco que realmente respete los usos y costumbres, incluyendo el sistema de cargos.” (XMH)