En otoño de 2021, Michoacán se convirtió en el epicentro de la batalla contra el crimen organizado en México. En este sentido, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), realizó una ofensiva en los límites con Jalisco. Este movimiento militar del CJNG desplazó a miles de personas y capturó la atención de los medios tanto nacionales como internacionales.

Para contrarrestar esta embestida del CJNG, el Ejército mexicano habría implementado una estrategia que implicaba la colaboración con grupos criminales locales rivales del cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", según información revelada por International Crisis Group.

De acuerdo con el documento "El laberinto de los generales: crimen y militares en México", se informa que miembros de dos grupos criminales, un alto funcionario federal, soldados y autoridades locales se unieron para formar un frente común contra el CJNG. Esta alianza operativa permitió que las Fuerzas Especiales del Ejército y los grupos criminales locales llevaran a cabo operaciones conjuntas.

Sin embargo, la implementación de esta estrategia no estuvo exenta de dilemas éticos y legales. Inicialmente, el Ejército mostró desconfianza en tomar medidas decisivas contra el CJNG por temor a ser acusados de crímenes de daño a la ciudadanía. Según el informe, tras recibir garantías de un grupo local de que los cuerpos serían desechados en fosas clandestinas, los soldados procedieron.

“Se informó que las fuerzas especiales del Ejército dudaban en tomar medidas decisivas contra el CJNG debido al temor de ser acusados de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, después de recibir garantías de un grupo local de que se desecharían los cuerpos en fosas clandestinas, los soldados procedieron”, se lee en el informe.

En una serie de enfrentamientos en Taixtán, Tepalcatepec y El Terrero, Buena Vista las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano lograron neutralizar a cerca de 400 combatientes del CJNG. Sin embargo, estas bajas significativas no lograron desmantelar por completo al cártel, que pronto se reorganizó y reanudó sus actividades, incluyendo nuevos ataques contra las Fuerzas Armadas mexicanas.

“Una fuente confirmó que murieron unas 400 personas. Estas muertes no habían sido reportadas anteriormente. Tampoco se reflejan en las estadísticas de homicidios o desapariciones”, señala el informe.

Crisis Group también destaca la colusión entre autoridades y grupos criminales. Aunque esta estrategia puede haber reducido temporalmente la violencia visible, permitió una mayor consolidación del control criminal sobre ciertos territorios, ya que los grupos criminales aceptaron reducir y ocultar la violencia a cambio de la permisividad estatal para controlar y expandir sus operaciones.

Por lo que Crisis Group subraya la necesidad de una reevaluación de las estrategias de seguridad que aborden las causas fundamentales del crimen y la violencia en México. La falta de transparencia y responsabilidad en las operaciones militares resalta la urgencia de un enfoque más integral y transparente en la lucha contra el crimen organizado en el país. (MIG)