Este domingo 19 de mayo, el párroco Bartolo Lara Bernardo ingresó a la comunidad de San Pedro Cuaco, ahora San Pedro Benito Juárez, en Atlixco, para oficiar una misa en una iglesia que está en conflicto, a pesar de los acuerdos tomados en una mesa de diálogo para dar solución a un conflicto religioso, tras su partida se registró un enfrentamiento violento.

El ingreso de Lara Bernardo se dio, aunque el integrante de la Arquidiócesis de Puebla conoce la situación interna y desde el año 2022 el pueblo tomó un acuerdo de asamblea para notificarle que no podía entrar a la comunidad.

La incursión del párroco Bartolo Lara Bernardo en una comunidad nahua que le acusa de causar división y de ofrecer misa en una iglesia que está en conflicto, ha sido considerada por pobladores del pueblo original como una violación a la autonomía comunitaria de parte de la… pic.twitter.com/SGXw3A70Hk

— Periódico e-consulta (@e_consulta) May 20, 2024

El pasado 15 de mayo la Secretaría de Gobernación (Segob) y Asuntos Religiosos de Puebla entablaron una mesa de diálogo para tratar de resolver en problema de acoso religioso que vive la comunidad nahua desde el año 2016, verbalmente se acordó que ninguna persona de los involucrados iba a generar violencia, ni incitar actos que agudizaran el conflicto.

“Hoy queda demostrado que la persona que incumple estos acuerdos y que además no le importa lo dispuesto por las autoridades es el párroco así como la Arquidiócesis”, sostuvieron en entrevista pobladores que reportaron lesionados.

Autoridades religiosas tradicionales temen por su integridad

Integrantes de la comunidad nahua de San Pedro Benito Juárez –originalmente llamada Cuaco– que han defendido sus usos y costumbres, su sistema de cargos religiosos y se han mantenido en resistencia contra la Arquidiócesis de Puebla, alertaron que temen por la libertad e integridad de sus autoridades religiosas tradicionales, así como la pérdida de su patrimonio cultural tangible e intangible.

Este fin de semana, habitantes de la junta auxiliar de Atlixco se manifestaron luego de entablar una mesa de diálogo con la Segob, en la que fueron discriminados y amenazados por usar su derecho a la libre protesta al tomar las instalaciones de la presidencia auxiliar como protesta a la irrupción del templo que ellos tienen en custodia por un grupo instigado por el párroco Bartolo Lara Bernardo.

Pobladores de esta comunidad revelaron que funcionarios de la Segob tanto estatal como municipal les recalcaron -en más de una ocasión- que la toma pacífica de la presidencia auxiliar era un delito y apuntaron a criminalizar a los Fiscales a pesar de que la decisión de tomar la presidencia fue una decisión de asamblea comunitaria.

“Dejaron claro que pueden criminalizarnos por ejercer nuestro derecho a la protesta y manifestación pacífica, por lo que hacemos un llamado a las instituciones de Derechos Humanos locales y nacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos a que estén atentos y observen nuestra situación, pues para nosotros es una amenaza a nuestra integridad y libertad, pues ya empezaron los ataques directos a nosotros”, sostuvieron en un comunicado de alerta.

Denunciaron que el pasado 16 de abril el presidente auxiliar hizo perifonear en la bocina de la comunidad: “El día de ayer no llegamos a ningún arreglo porque los señores Sixto Cedillo Pérez, Esteban Durán Martínez, Genaro Flores Munguía y su abogada Yuteita Hoyos Ramos no quisieron, por lo que quedan suspendidos los servicios de la presidencia”.

“Este mensaje responsabiliza a los Fiscales legítimos (autoridades electas por su comunidad) y a la abogada de no solucionar el problema como si fuéramos los responsables sin poner el claro el contexto, mostrando un claro abuso de poder y exponiéndonos a un linchamiento social que puede tornarse en agresiones físicas y psicológicas a los nombrados, violentando nuestro derecho a la protección de datos personales y poniendo en riesgo nuestra integridad. Los Fiscales, Mayordomos, hacemos responsables de cualquier situación de violencia que pueda surgir dentro de la población a las autoridades, sobre todo a la Arquidiócesis de Puebla.

Una mesa de diálogo fallida

La mesa de diálogo entablada el pasado 15 de mayo contó con la presencia de los Fiscales y sus representantes, representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación federal, el presidente auxiliar municipal de San Pedro Coaco y el párroco Bartolo Lara Bernardo, en representación de la Arquidiócesis de Puebla, así como integrantes de su grupo.

Afectados describieron la mesa de diálogo como fallida, pues estuvo marcada por el desconocimiento de los derechos como comunidad indígena. “Las autoridades del estado pretenden despojar a los fiscales tradicionales de la posesión ancestral para resguardar y cuidar su parroquia”, acusaron

 “Fue un trato indiferente y la respuesta de las autoridades presentes en la mesa denota una ausencia de diálogo intercultural y una respuesta racista que desconoce la forma de organización comunitaria, el sistema de cargos y la importancia espiritual de la parroquia como parte de nuestra cosmovisión”, sostuvieron

Explicaron que la Segob reduce esta situación sólo a un enfrentamiento “de dos grupos”, y un problema intra-comunitario, cuando en realidad se trata de un conflicto religioso complejo que incluye sesgos políticos, tradicionales, económicos, en la que interviene el poder de la Arquidiócesis y los caciques políticos de la región.

Describieron que, aunque se planteó la exigencia del reconocimiento de los usos y costumbres, así como el sistema normativo interno de la comunidad para nombrar a sus autoridades tradicionales y la solución del conflicto generado con la toma violenta de la parroquia.

Funcionarios de la Segob instruyeron que la parroquia -que se mantiene clausurada por el grupo del párroco- debía ser entregada para ser inspeccionada por el INAH para evaluar los daños y posteriormente le fuera entregada a la Arquidiócesis de Puebla para que esta decidiera a quién entregarla, “al grupo que creyeran conveniente”.

“Esta opción es inviable para nuestra comunidad y resulta en una violación a nuestros derechos a la libre determinación y a la integridad cultural, al desconocer que existen cargos tradicionales a quienes debiera entregarse dicha posesión conforme a nuestro sistema normativo; razón por la que los Fiscales tradicionales se negaron a conciliar en esos términos”.

Representantes de la comunidad nahua insistieron en que no se trata de un conflicto que nace de la propia comunidad, sino que es creado por un poder externo que es la institución católica. “La Arquidiócesis de Puebla, quien en su afán de poder y control de nuestro pueblo sigue enviando párrocos que no respetan nuestros usos y costumbres, por lo que nosotros exigimos una mesa de trabajo con distintas autoridades estatales y federales”.

La comunidad indígena hizo un llamado en el que exigió al presidente auxiliar municipal Gabriel Silva Lozano ordene al párroco y a su grupo minoritario cercano que liberen la parroquia de San Pedro y cese el amedrentamiento y la paz comunitaria.

“Le exigimos deje de violentar nuestros derechos humanos al exponernos al linchamiento social y exponernos a agresiones dentro y fuera de la comunidad, al dar nuestros nombres públicamente con acusaciones falsas.

“Exigimos a la Arquidiócesis de Puebla que respete nuestros usos y costumbres y nuestra autonomía y se nos proporcione un párroco que, sí conozca, entienda, aprenda y respete nuestras formas de organización comunitaria”. (MIG)