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Empresarios piden a legisladores rechazar reforma a Ley de Amparo

  • Ana Ruiz
Miembros del CCE indican que el proyecto impulsado por Morena debilita el acceso a la justicia y afecta la competencia económica
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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Congreso de la Unión no aprobar la reforma a la Ley de Amparo, ya que consideran que existe riesgo de limitación en las facultades de los jueces, “debilita el acceso a la justicia y afecta la competencia económica”.

Los empresarios indicaron mediante un comunicado que, de aprobarse, se debilitará el acceso a la justicia y afectará la competencia económica, ya que reduciría las facultades para otorgar las suspensiones cuando se aleguen razones de interés social y de orden público.

“Hacemos un respetuoso llamado a los legisladores para no aprobar esta iniciativa que debilita gravemente la defensa de las personas físicas y morales contra actos y leyes eventualmente inconstitucionales”, menciono el CCE.

Destacó que la suspensión es una medida fundamental dentro del juicio de amparo, por lo que muestra de ello son los juicios promovidos por particulares en los últimos años en donde los jueces lo han otorgado con efectos generales para evitar una afectación a la libre competencia y por consecuencia una desigualdad.

“La suspensión es una herramienta del amparo que permite que se detengan o restituyan derechos humanos presuntamente violados, mientras se desahoga el juicio, ya que sin esta medida las violaciones se podrían extender por años, cesar o ser irreparables, lo que haría improcedente el amparo”, explicó.

De acuerdo con el proyecto impulsado por Morena, se modificarían los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 9 de la Ley de Amnistía.

La intención es que los jueces jurisdiccionales no puedan decretar la suspensión de leyes generales reclamadas en juicios de amparo, cuando su entrada en vigor pueda causar perjuicios graves al interés social o contravenir disposiciones de orden público.

Además, contempla otorgar amnistía de manera directa por decisión exclusiva del titular del Ejecutivo Federal en casos específicos donde la persona beneficiaria aporte información útil para esclarecer la verdad sobre temas relevantes para el estado. (MCJ)

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