Integrantes de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados (BMA), consideraron como legítima la investigación en contra del exministro Arturo Zaldívar, incluso apuntaron que no se trata de un tema electoral, sino de una defensa que se hace desde la presidencia de la República.

En el marco del cambio de la mesa directiva del capítulo Puebla, que ahora encabezará María de Lourdes Dib y Álvarez, los juristas consideraron que en el ámbito local el sistema de justicia en Puebla ha mejorado, después de un periodo desafortunado que coincidió con la era del barbosismo.

Víctor Oléa Peláez, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC, comentó en entrevista para e-consulta, que no considera que el tema en torno a las investigaciones de oficio iniciadas en contra de Arturo Zaldívar y de otros personajes tenga algún tinte político ligado con las campañas electorales, pues el exmagistrado no es candidato por algún partido.

Mencionó que el hecho de que se esté ligando con temas electorales pareciera un intento de desviar la atención, ya que se mencionan en las denuncias contra el exfuncionario delitos como corrupción, extorsión e injerencia de resoluciones, por ello espera que este proceso legal llegue hasta las últimas consecuencias.

“Yo no considero que esto se trate de un tema político, el expresidente Zaldivar no es candidato, no está participando en el proceso electoral, no le veo algún matiz electoral al tema; esto lo ha aprovechado para pretender desviar la atención (…) me parece que es sano para la República que se investiguen y que se llegue hasta las últimas consecuencias.

“La opinión de la Barra de Abogados es muy clara, las investigaciones que se están realizando al exministro Zaldívar, a diversos personajes subalternos de él y otros actores políticos es absolutamente legítima, están previstas estas investigaciones tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como en acuerdos generales que se han emitido”, mencionó el presidente de la Barra de Abogados.

A su vez, debido a que se han tenido diversos comentarios sobre la legitimidad de la denuncia inicial en contra del exmagistrado presidente, la cual fue anónima, Víctor Oléa señaló que a pesar de ello debe ser considerada como tal por los acuerdos generales establecidos desde la** Suprema Corte de Justicia de la Nación**.

Ante ello, Víctor Oléa afirmó que la labor que ha ejercido la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, “es loable”, pues consideró que ella está obligada a dar cauce de esas denuncias anónimas.

Por su parte, el expresidente de la Barra de Abogados capítulo Puebla, Raúl H. Argüelles , mencionó que los juristas deben juzgar con criterio propio y fundamentos concretos  a derecho en torno al tema de Arturo Zaldívar; recordó que en un Congreso de Querétaro, el cual reunió a varios ministros, se resumió lo siguiente:

“Quien no juzga con criterio propio, con el conocimiento de ley, se vuelve un mandadero, a quien le venga el saco que se lo ponga”, citó al ministro cuyo nombre prefirió omitir, pero señaló que está de acuerdo con lo referido.

Raúl Argüelles, como una ejemplificación del tema, dijo que es como si el gobernador de un estado le ordenara al presidente del Tribunal Superior de Justicia y éste obedeciera a su capricho, lo cual viola la dependencia de cada órgano institucional.

La investigación contra Zaldívar

Este 15 de abril se cumplieron cinco meses desde que el Senado de la República aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien dicha decisión fue aprobada por la mayoría de los integrantes, creó diferentes opiniones en torno a su salida.

De esta manera fue nombrada como ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, quien ordenó una investigación en contra de Arturo Zaldívar por una denuncia anónima en la que lo evidenció de cometer actos considerados como faltas administrativas.

Esta denuncia señala a cuatro altos mandos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación y del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de presionar a más de 50 jueces para que otorgaran su resolución a favor de lo que ellos pedían, en pocas palabras, engloban acusaciones como corrupción, tráfico de influencias, extorsión y uso indebido de funciones.

En Puebla el panorama ha cambiado

El abogado y ahora expresidente de la Barra de Abogados capítulo Puebla, Raúl H. Argüelles, consideró que el tema en cuanto a la justicia ejercida en el estado de Puebla ha ido mejorando, pues se ha logrado establecer un equilibrio.

“En el estado se está logrando un equilibrio, el equilibrio que la democracia debería de tener, me parece a mí que en una primera etapa de este sexenio desafortunadamente en ese sentido nos fue muy mal, pero ahora parece ser que nos estamos recuperando de esa situación.

“De repente se escucha que hay intereses en donde dicen que el magistrado fulano de tal recibió alguna instrucción desde el gobernador, bueno no pudiéramos negarnos con que eso pudiera ocurrir, sin embargo no sucede de manera a que se violenten la autonomía de las instituciones”, señaló Raúl H. Argüelles.

El segundo encuentro nacional de presidentes de la Barra de Abogados se desarrolla en Puebla, pues del presente día 18 y al 20 de abril se llevará a cabo dicho encuentro, que reunirá a los 25 presidentes de cada capítulo en donde abordarán temas internos para su mejoría y a su vez se llevará a cabo el cambio de mesa directiva del Capítulo Puebla de la Barra, donde Raúl H. Argüelles entregará la presidencia a Lourdes Dib y Álvarez, quien estará al frente del organismo de 2024 a 2026. (CR)