Este lunes 18 de marzo se presentó en el Congreso de Puebla una iniciativa de ley para modificar el Código Penal del Estado y poder sancionar diferentes ciberdelitos, así como una iniciativa para modificar la Ley de Víctimas, con la que se busca reafirmar su derecho a ser tratadas con dignidad y respeto.

La iniciativa para sancionar los ciberdelitos fue presentada por la diputada Jocelyn Olivares López, quien indicó que, con la derogación de los artículos 225 y 225 Bis, así como la adición de 11 nuevos artículos (del 479 al 489) al Código Penal, se pretende dotar de herramientas y mecanismos para defenderse de este tipo de actos.

"Entre las acciones para el fortalecimiento de los sistemas de justicia, se encuentran ampliar el conocimiento y generar un catálogo de los delitos cibernéticos y brindar las herramientas necesarias para combatir estos delitos", indicó Olivares López.

En la iniciativa de Ley, se establecen las características de 10 delitos cibernéticos, así como las sanciones que deberán aplicarse para quienes los cometan. A continuación, la lista de los delitos que forman parte de dicha iniciativa:

• Violación a la intimidad sexual
• Ciber abuso
• Ciber acoso sexual
• Sexting (no consensuado o con menores de edad)
• Chantaje, extorsión y/o violencia sexual cibernética
• Violencia digitalizada
• Ciber violencia laboral
• Robo de identidad digital
• Ciber violencia de género
• Criptoinvasión de equipos digitales y secuestro de datos

Modificación a Ley de Víctimas

Por su parte, la diputada Lidia Ocaña Madrid presentó una iniciativa para modificar la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, con la cual busca establecer que quienes sean víctimas, sean tratadas por parte de todos los servidores con dignidad y se respeten sus derechos humanos.

Ocaña Madrid busca que se reforme el artículo 6 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, con lo que se pretende el cumplimiento de la Ley por parte de todo el personal que interactúe con las víctimas, sean del gobierno o de las instituciones particulares que tienen convenios para brindar sus servicios.

El objetivo principal de esta reforma es prohibir la revictimización de las personas que necesitan dicho acompañamiento, así como evitar la exposición a un daño mayor, ya sea por parte de las autoridades o funcionarios públicos.

También la proscripción de dichos o actos que puedan agravar el estado emocional de la víctima, además de que los funcionarios exijan requisitos que obstaculicen o impidan el ejercicio de sus derechos.

Para que esta iniciativa sea exitosa, el Estado deberá garantizar que las víctimas tengan acceso a servicios médicos y apoyo psicológico para ayudarles a superar el trauma que han pasado, así como realizar acciones prioritarias que fortalezcan sus derechos humanos.

Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para sus estudios y resoluciones procedentes. (JC)