El Periódico Oficial del Estado de Puebla publicó una serie de reformas donde se indica la adscripción de la Sala Constitucional al Tribunal Superior de Justicia en el Estado, por lo que dejará de ser un organismo autónomo de jurisdicción, es decir ya no contará con autoridad por cuenta propia.

A partir del 26 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas que serían replicadas en todas las entidades federativas y, por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina envió un paquete con cinco proyectos con el objetivo de actualizar el sistema judicial.

Los dictámenes son a la Ley de Mecanismos Alternativos de Soluciones, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Carrera Judicial, Ley de reglamento de los Medios de Defensa y Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismas que ya fueron aprobadas por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado.

Sobre la primera Ley de Mecanismos Alternativos de Soluciones se destacan puntos importantes como son el que la Sala Constitucional se adscribe al Tribunal Superior de Justicia del Estado y dejará de ser un organismo que pueda impartir justicia por su cuenta.

“La determinación de la adscripción de la Sala Constitucional al Tribunal Superior de Justicia en el Estado y como consecuencia se derogan los artículos que lo establecían como órgano jurisdiccional autónomo.”

También la adecuación de las salas del Poder Judicial y ahora serán integradas por tes magistrados que tendrán una presidencia de un año; asimismo, se redistribuirán cuatro magistrados dos de la Sala Especializada en Materia Constitucional y dos en Materia de Responsabilidades Administrativas.

Además, se establecerá el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como un órgano auxiliar, también se reconocerá al Centro Estatal de Convivencia Familiar Supervisada como uno de estos órganos.

Ayuntamiento propondrá a jueces municipales

Entre otras especificaciones se establece que los jueces municipales duren tres años en el cargo y que sean propuestos por el ayuntamiento de éstos, esta reforma aplicará para los jueces de paz, pero su elección constará de requisitos distintos a los jueces de primera instancia.

También se adicionaron la atribución de fe pública a los Secretarios y Diligenciaros del Poder Judicial del Estado, las atribuciones de los Jefes de causas y seguimiento en materia de oralidad penal y se eliminaron los medios de impugnación en materia laboral, ya que la Ley Federal del Trabajo no los contempla.

De acuerdo con el Diario Oficial del Estado, estas reformas tratan de buscar la mejor y más pronta solución a los conflictos que surjan en el estado, sin descuidar la calidad de las respuestas y adaptarse a las nuevas demandas.

“Con las reformas al ordenamiento que se proponen, se hará más eficaz la impartición de justicia porque ésta se llevará a cabo en forma ágil y oportuna, como lo demanda el desarrollo del Estado”. (EG).