Juan Carlos Jenkins de Landa fue vinculado a proceso por presunto lavado de dinero sustraído de la Fundación Mary Street Jenkins; es el primero de los seis acusados de la familia Jenkins en comparecer, aunque lo hizo en videoconferencia ya que se encuentra en San Diego California, por lo que no pisará la cárcel de manera preventiva mientras dura el proceso.

Además de Juan Carlos, su abogado Carlos Román Hernández también fue vinculado y deberá, como medida cautelar, presentarse cada lunes a la unidad de control, además de entregar su pasaporte y visa para que no pueda abandonar el país; también tiene que ofrecer números privados e información domiciliaria para su localización cuando se requiera.

El auto de vinculación fue dictado el pasado 11 de enero por el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Enrique Beltrán Santés. El juez también permitió que ambos pudieran comparecer sin ser aprehendidos debido a las suspensiones definitivas que les otorgaron jueces de Zacatecas y Villahermosa.

En dichas suspensiones, que fueron otorgadas en octubre pasado, ordenaron que en la cita a comparecer en la audiencia inicial no fueran aprehendidos y que se pudiera realizar de manera remota, esto pues el delito de lavado de dinero no amerita prisión preventiva oficiosa.

Conflicto Fundación Mary Street Jenkins

Juan Carlos Jenkins junto con cinco familiares más, Roberto, María Elodia, Margarita —sus hermanos—, Elodia Sofía de Landa Irizar —su madre— y Juan Guillermo Eustace Jenkins —su nieto— fueron acusados en 2017 de lavado de dinero por el primogénito de los Jenkins de Landa, Guillermo, quien alegó irregularidades en el manejo financiero de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ).

Dichas irregularidades son acerca de la sustracción de todo el capital de la fundación, cerca de 720 millones de dólares, los cuales terminaron en países reconocidos como paraísos fiscales.

Para llevar a cabo la transacción, el dinero “se donó” en 2014 a la Fundación Bienestar de Filantropía (FBF) ubicada en Aguascalientes y creada por el ahora fallecido Guillermo Jenkins Anstead —padre de Roberto, María Elodia, Margarita y Guillermo Jenkins de Landa— a través de su equipo de abogados, también acusados del delito.

Una vez el dinero estuvo en manos de la FBF, esta se mudó con todo el dinero a Barbados ese mismo año, y en diciembre del año siguiente, es decir, en 2015, la fundación y los 720 millones de dólares se trasladaron a Panamá, bajo el nombre de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano.

Desde 2017 el caso es investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) —ahora Fiscalía— y por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ya que, para lograr el envío de efectivo entre países, los Jenkins y su equipo habrían duplicado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la FBF, cosa ilegal en el país. (JC)