A pesar de que la ley lo prohíbe, la Fundación Bienestar de Filantropía (FBF) duplicó su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que le fuera traspasado el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, valuado en 720 millones de dólares.

Esa operación constituye un fraude fiscal, y el hecho ya es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) y por el SAT, según dio a conocerCarlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia, quien sostiene un litigio contra sus parientes para que los fondos donadosregresen a Puebla y se destinen a obras de ayuda social.

En abril de 2014, el patrimonio de la Fundación Jenkins fue donado a la FBF, registrada en Aguascalientes por abogados de la propia familia, y para diciembre del mismo año todo el dinero ya se había trasladado al país caribeño de Barbados, por lo que quedó fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

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Señalan que hay doble clave de identificación fiscal

Serna explicó que FBF fue creada en 2014 y registrada ante el SAT con el RFC FBF090925P51, mismo con el que recibió una donación por 720 millones de dólares por parte de la Fundación Mary Street Jenkins, cantidad que representa todo el patrimonio de esta última institución.

Sin embargo, cuando la asociación beneficiaria se mudó a Barbados, cambió su RFC, según consta en actas certificadas del Registro Público de la Propiedad (RPP) de ese país, en donde la clave que aparece es FBF1412234X6, mismo que después fue cancelado.

El RFC es una clave que todas las empresas o personas particulares en México deben tener para realizar actividades económicas de manera legal, por lo que no puede duplicarse en ningún caso.

El abogado indicó que esa situación representa un fraude fiscal, mismo que ya es investigado por la PGR y por el propio SAT, pues esta última dependencia también indaga cómo la fundación pudo duplicar esa clave, pues es algo ilegal.

Comentó que el segundo RFC de la fundación beneficiaria fue utilizado para sacar “subrepticiamente” el patrimonio de la Fundación Jenkins a Barbados, pues cuando el dinero ya se encontraba en ese lugar, solicitó al SAT que esa segunda clave fuera eliminada.  

El litigante comentó que recientemente fue notificado que la investigación se trasladó a la Unidad de Delitos Financieros de la PGR, y espera que en los primeros meses de 2018 la PGR emita un informe del avance en la resolución del caso.

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