El gobierno del estado infringió la disposición emitida recientemente por el Poder Judicial de la Federación (PJF) para no poner en práctica la Ley Bala hasta que no resolviera las demandas de amparo que admitió y que fueron interpuestas por ciudadanos en contra esa normativa.

Así lo refirió el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, al reiterar que la aplicación de la llamada Ley Bala para dispersar una manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, por parte de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, resulta una “alarmante inconsistencia” de carácter legal.

Carlos A. Ventura Callejas, quien es titular de Educación, Promoción y Difusión de este Centro, recordó que durante la primer semana de julio juzgados del PJF admitieron cinco amparos en contra de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, aprobada por el Congreso local en mayo pasado y que permite el uso de armas no letales para disuadir protestas sociales.

En consecuencia, el gobierno del estado estaba imposibilitado para hacer uso de dicha ley, hasta que los juicios de amparo se resolvieran, dado que al admitir los recursos, también concedieron la “suspensión provisional”, figura que detiene los efectos de la ley hasta que se resuelva el caso, señaló en entrevista vía telefónica.

Sin embargo, el pasado nueve de julio, la administración estatal determinó usar la Ley Bala para dispersar una manifestación de pobladores de Chalchihuapan y comunidades aledañas que bloqueó la autopista Puebla-Atlixco, empleando balas de goma que lesionaron  al menos cuatro personas, entre las que se encuentra un menor de edad cuyo estado de salud es grave.

Ventura Callejas refirió que los ciudadanos afectados también podrían recurrir a la presentación de demandas de amparo, pues la ley no podía usarse según las disposiciones emitidas por el PJF.

Refirió que el uso de balas de goma constituye una acción violatoria de los derechos humanos, ya que estas ponen en riesgo la integridad de las personas que realizan alguna protesta social, como ocurrió la semana pasada en Puebla.

Abundó que en otros países, el uso de este tipo de artefactos sigue un protocolo que no se siguió en la entidad, lo que hace suponer que el gobierno estatal quiso enviar un mensaje a la ciudadanía al emplear estas armas contra la población que Chalchihuapan que interrumpió la circulación sobre la autopista Puebla-Atlixco.