Los rectores de dos de las universidades más prestigiosas de Puebla, la UPAEP y la IBERO, pidieron aclarar los supuestos boquetes financieros de la administración de Miguel Barbosa y no esquivar la presentación de las pruebas ante el pleno del Congreso de Puebla para determinar qué fue lo que sucedió. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que “si es necesario separar a alguien del cargo, pues hay que hacerlo”.

Este 5 de septiembre, en entrevista con medios, Héctor Alberto Sánchez Morales, presidente del CCE, opinó que debe hacerse una revisión a fondo en la Auditoría Superior del estado (ASE) para llegar a las últimas consecuencias para quien resulte responsable por el supuesto hoyo financiero.

“Es necesario hacer una revisión de manera profunda y llegar a las últimas consecuencias, quien tenga que dar cuentas y rendir cuentas pues se tendrá que llamar y si es necesario separar a alguien del cargo, pues hay que hacerlo”, afirmó.

Por su parte, Emilio José Baños Ardavín, rector de la UPAEP, expresó que se tiene un tema pendiente con la Auditoría Superior del estado (ASE), por lo que se debe brindar información respecto a las inversiones que se hicieron en la gestión del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Estando en las facultades del Congreso, me parece que no tendría que esquivarse esa presentación y finalmente poner sobre la mesa todas las evidencias que haya en un sentido y en otro”, dijo el rector.

#AlMomento | El rector de la @UPAEP Emilio Baños Ardavín, refirió que estando en las facultades del Congreso, Amanda Gómez, titular de la ASE, no tendría que esquivar su comparecencia acerca de las inversiones en la gestión del exgobernador, Miguel Barbosa.
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— Periódico e-consulta (@e_consulta) September 5, 2023

Al respecto, mencionó que deben presentarse las pruebas en defensa de quienes ejercieron el recurso para que pueda haber una deseable rendición de cuentas.

En tanto que Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la IBERO, opinó que, desde la perspectiva de la universidad, el estado debe garantizar que se lleven a cabo estos procedimientos de manera pública, para que todos puedan saber qué fue lo que realmente pasó y, sobre todo, confirmar que realmente ocurrió. 

“Me parece que para eso debe de servir un estado democrático, de derecho, que sea solvente, justo, para que pueda generar procedimientos a cielo abierto, transparentes, autónomos, independientes”, afirmó el catedrático.

Sus pronunciamientos suceden luego de que la auditora Amanda Gómez fue cuestionada sobre los presuntos desfalcos estatales que, de acuerdo con las autoridades, ascenderían a más de mil 300 millones de pesos, de los que 606 millones de pesos corresponderían a Accendo Banco y 722 millones de pesos por presunta evasión de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaría (SAT). (JT)