Aunque José Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla, haya asegurado que se integraría un protocolo de reacción en caso de resurgir la “Ley Bala” para regular el uso de la fuerza pública, al final de cuentas la última decisión de disparar o no a la población, quedaría en manos de la policía.

Es la percepción de Elia Tamayo Montes, quien a casi una década de haber perdido a su hijo en medio del uso ‘autorizado’ de armas justificado en la entonces conocida como “Ley Bala”, asegura que a pesar de que se elaboren protocolos, en el momento de su aplicación, los policías “ya no tienen cuidado”.

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Con la voz entrecortada, como si el suceso hubiese sido apenas ayer, la madre del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien falleció en 2014 luego del impacto de un proyectil cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dispersaba una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, calificó como “altamente riesgoso” el hecho de que siquiera se considere una legislación que promueva el uso legítimo de la fuerza.

Elia Tamayo: “Que lo piensen muy bien, yo lo viví en carne propia”

En entrevista con e-consulta, Elia Tamayo Montes advirtió que decisiones como que la CDH y el Congreso de Puebla buscan reactivar una ley que promueva el uso de la fuerza pública, han llevado a “perderse vidas”.

Ante ello, hace un llamado a prever otras alternativas distintas al uso de la fuerza pública para disuadir multitudes, toda vez que, afirmó, una vez estando dentro de las multitudes, “los elementos policiacos desestiman toda precaución”.

“Que lo pensaran muy bien porque yo lo viví en carne propia”, reitera.

“Salen lastimadas muchas personas. Podrían hacer otra cosa y no eso. En el momento que ya están adentro, ya no tienen cuidado”.

Por lo que su ánimo de seguir exigiendo justicia a nueve años del fatal hecho,  no solamente radica en un propósito personal, sino en evitar que más personas sufran lo que ella al perder a su único hijo en medio de una movilización policiaca.

“No me gusta ver y ver y seguir mirando. Ya basta de esas represiones, porque sí nos duele y es un sufrimiento que no se le desea a nadie”.

Elia Tamayo no pierde la esperanza de que se haga justicia

La extenuante jornada de sol a sombra como campesina no le impide a Elia Tamayo tener viva dentro de sí la memoria de quien falleció a los 13 años de edad.

Y aunque cansada y con las heridas del desconsuelo aún abiertas, no pierde la esperanza de que algún día vea llegar la justicia.

“¿De dónde hemos tenido justicia?, ya vamos para 10 años. Vivo, pero derrotada del corazón”.

A decir de Elia Tamayo, la compensación económica que en algún momento le fue otorgada, no toma el lugar de la justicia por la pérdida de su hijo.

Una justicia que fue promesa incluso hasta por el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, misma que parece haberse disipado con su fallecimiento en diciembre.

“Dijo que no nos preocupáramos, que él sí iba a hacer justicia”, un silencio sepulcral consecuente acompañó el trago seco en la garganta de Elia Tamayo.

Por lo cual lanzó un llamado al actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a continuar con la búsqueda de justicia en el caso, principalmente de llevar a la cárcel a los verdaderos responsables.

Lo anterior, aun cuando siendo diputado en 2015 desde la bancada del PRI, el ahora gobernador procedente de Tepeaca fue uno de los actores allegados al morenovallismo que se opuso a la derogación de la “Ley Bala”.

En ese entonces, el exdiputado Céspedes Peregrina argumentaba que la actuación policial el día de la manifestación, el 9 de julio de 2014, no se debió a la vigencia de esa ley, al afirmar que en dicha legislación no se permitían o autorizaban “esas circunstancias”.

Ello, pese a que, en vigencia, en la que su nombre real era Ley para proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales, se tenía previsto el uso de incapacitantes no letales.

No obstante el apoyo de algunos legisladores por mantener la ley que se había aprobado casi 50 días antes de los hechos en San Bernardino Chalchihuapan, por fin fue derogada el 17 de septiembre de 2018 por la LX Legislatura.

Derogación a propuesta de la diputada Mónica Lara Chávez y Carlos Alberto Morales, del Partido Encuentro Social y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

A nueve años del caso Chalchihuapan

Este mes de julio se cumplieron nueve años desde que la vida de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo tuvo un irreparable cruce con una bala de goma en medio de una protesta en la localidad de San Bernardino Chalchihuapan.

Una protesta que derivó, de acuerdo con organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en violaciones graves proferidas por parte de servidores públicos del estado de Puebla, concretamente de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública.

Principalmente, porque del armamento con el que fue equipado uno de los 426 policías que se encontraban en el lugar para resguardar la seguridad de la ciudadanía, salió el proyectil que impactó la cabeza del muchacho de 13 años de edad quitándole la vida un par de días después.

De acuerdo con la Sociedad Iberoamericana de Información Científica, citando a la editorial científica británica “The Lancet”, una distancia que no resultaría letal cuando se dispara una bala de goma, sería de más de 40 metros, siempre y cuando sea apuntada a zonas sensibles como la cara, el cuello o el pecho.

Esta premisa no estuvo presente en la vida y el día en que  el cráneo de José Luis no soportó el impacto de la bala que salió del arma de aquel policía estatal.

Tampoco la soportaron las extremidades amputadas de otros nueve pobladores que en ese momento sí lograron sobrevivir, pero con secuelas.

Fue el 9 de julio de 2014 cuando pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Ocoyucan, se levantaron en manifestación tras rechazar el decreto del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para que las cabeceras de los municipios controlaran los registros civiles y no las presidencias auxiliares.

En esos momentos, Moreno Valle Rosas argumentaba que las expediciones de las actas de nacimiento en las localidades poblanas estaban fuera de control y que además de detectarse cobros fuera de la ley, se otorgaban actas a ciudadanos centroamericanos que en algunos casos contaban con antecedentes delictivos.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, comandada por Facundo Rosas Rosas, desplegó en esa zona de la carretera Puebla – Atlixco a más de 4 centenares de policías y granaderos a fin de reabrir la carretera que llevaba algunas horas paralizada por la manifestación.

La falta de diálogo con autoridades estatales desató un conato de hostilidades que derivó en un enfrentamiento de palos y piedras contra armas no letales y gases lacrimógenos, dejando en el paso una lesión cerebral contra el niño de 13 años por el impacto de una bala de goma, quien falleció semana y media después.

El suceso provocó conmoción social y reacciones de instancias nacionales e internacionales sobre la necesidad de echar abajo la iniciativa legislativa propuesta entonces por Moreno Valle.

Evitar linchamientos, argumento para revivi ley: CDH y Congreso

Recientemente, el presidente de la CDH Puebla, José Félix Cerezo Vélez, dio a conocer que en conjunto con la diputada local de Morena, Xel Arianna Hernández García, se busca la reactivación de la Ley para proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales, conocida como “Ley Bala”.

Lo anterior, con el fin de establecer protocolos de reacción para evitar linchamientos, que a pesar de que se han incrementado en los municipios de Puebla, hizo referencia al del asesinato en 2012 de un asesor legislativo de nombre Daniel Picazo del Partido Acción Nacional (PAN) cuando se encontraba en el municipio de Huachinango.

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Para este caso, asegura, se contempla la creación de un grupo élite de la SSP autorizado para utilizar tácticas de dispersión o disuasión, entre ellas el empleo de gas lacrimógeno, agua a presión o bombas de gas.

Argumentaron que dada la no vigencia de la “Ley Bala”, no existe un protocolo o manual de actuación policial.