El Congreso de Puebla no llamará a comparecer a la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, por ocultar la inversión de 600 millones de pesos en Accendo Banco, hasta que “se terminen las investigaciones correspondientes”.

Tampoco se iniciará un proceso administrativo en contra de la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, a pesar de que omitió dar aviso a los diputados sobre el hoyo financiero que asciende a 3 mil 200 millones de pesos.

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En rueda de prensa, el presidente del Legislativo, Eduardo Castillo López, informó que serán respetuosos de las investigaciones y procedimientos que deben realizar la Fiscalía General del Estado (FGE), la ASE, y demás autoridades correspondientes.

Comentó que serán pacientes sobre las posturas que se emitan, aunque dejó entrever que será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, después del 15 de mayo, cuando la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) analice la viabilidad de que Teresa Castro comparezca ante el pleno.

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En tanto, dijo que desde el Congreso también analizarán el caso, de acuerdo con sus atribuciones, para conocer si hay más personas involucradas; no obstante, descartó que vayan a solicitar la destitución de la auditora superior.

“Vamos a analizar bien cómo se actuó, cómo estuvo el tema. Una vez que inicie el tercer periodo ordinario, en la Junta de Gobierno tomaremos una decisión. (…) No puedo decir si iniciaremos procedimientos, necesitamos que resuelvan las instancias correspondientes y entonces en el Congreso tomaremos la mejor decisión”, recalcó el legislador.

Castillo López dijo que, aunque la bancada de Acción Nacional (PAN) ha insistido en la comparecencia de Teresa Castro, ellos no pueden saltarse otros procesos de investigación, pero aseguró que el Congreso de Puebla “no solapará a nadie”.

¿Qué dice la ley sobre el caso?

De acuerdo con el Artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, “el Congreso podrá solicitar la presencia de los servidores públicos estatales y municipales, por conducto de la Secretaría General” sin esperar que se resuelvan otros procedimientos.

Entre los motivos por los que pueden solicitar una comparecencia se encuentran: dar cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos y despachos, proporcionar información cuando se discuta un proyecto de ley o decreto, y proporcionar información cuando se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

“La solicitud para que comparezca ante el pleno un secretario del gobierno del estado u otro servidor público, podrá realizarse a propuesta de los grupos y representaciones legislativas a través de un escrito fundado y motivado, ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política quien por acuerdo propondrá al pleno su aprobación”, detalla el Artículo 224.

En el caso de la ASE, Amanda Gómez Nava, sólo puede participar en la fiscalización de entidades municipales, organismos autónomos, el Congreso del Estado, la propia Auditoría y entes que no guardan relación directa con la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues fue titular de la dependencia antes de que el Congreso la nombrara auditora superior, en mayo del 2022.