El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se deslindó del faltante de vehículos considerados “chatarra” que se encontraban en el corralón municipal, pues "tampoco se podían contar uno por uno".

En entrevista, reiteró que la Contraloría municipal inició un proceso de investigación para que se esclarezca el asunto y se deslinden responsabilidades ante los vehículos que faltan.

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“Por ahí un medio decía que, si no nos pudimos dar cuenta desde el inicio, yo les diría que nos imaginemos y dimensionamos la ubicación de cinco mil vehículos chatarra apilados en un predio, en donde a veces la altura de esos vehículos llegaba a proporciones de seis o siete metros, era imposible en un proceso de entrega-recepción contarlos”, expresó.

El munícipe comentó que lo que sucede es que durante el proceso de desincorporación de los vehículos cuando la consultora Sánchez y Sánchez Asesores gana el contrato empieza a desalojarlos del corralón y al irlos contando fue como se detectó el faltante por parte del gobierno de la ciudad, pues dijo que se encontraban apilados y era imposible comprobar el número.

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“Por lo tanto, hay un proceso de investigación y de deslinde de responsabilidades para que se establezca por las instancias correspondientes”, dijo.

Fue el 11 de abril cuando el caso salió a la luz pública luego de que, en entrevista con medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Administración, Bernardo Arrubarrena García, señaló que había un faltante de autos chatarra, del lote que se puso a subasta, ello a casi 11 once meses de que se anunció su venta.

“Hubo algunas irregularidades con respecto a la información, a los dictámenes que recibimos de la anterior administración, hay un faltante, así lo voy a dejar, el procedimiento está en investigación”, afirmó Arrubarrena en aquella ocasión.

Cabe mencionar que el 1 de agosto del 2022 el Comité de Adjudicaciones informó que la empresa Sánchez y Sánchez Asesores fue la encargada de comprar los 5 mil 602 vehículos, infraccionados del año 2000 hasta el 2018, por lo que la firma tenía que pagar un monto de 23 millones 458 mil 285 pesos.

El objetivo de llevar a cabo el proceso de deschatarrización es porque las unidades deterioradas generan contaminación, representan riesgos por la acumulación de sustancias inflamables y tóxicas que podrían causar incendios y además ocupan espacio indispensable para el funcionamiento del depósito.