El senador Alejandro Armenta Mier señaló que aunque el servicio de la empresa Agua de Puebla para Todos ha sido deficiente e irregular, la revocación de su contrato provocaría una deuda importante para el estado, por lo que el tema debe abordarse con cuidado.

En rueda de prensa, aseguró que en caso de ser el candidato a Morena a la gubernatura de Puebla y posteriormente ganar la elección, entre sus primeras acciones estará el análisis de los desaciertos de la firma, para prescindir de sus servicios por ser "abusiva y saqueadora".

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Sin embargo, reconoció que el contrato que se otorgó durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle tiene cláusulas amañadas, lo que impidió que el exmandatario Miguel Barbosa Huerta pudiera actuar al respecto.

Comentó que el interés privado muchas veces se antepone al interés público, razón por la cual aunque la ciudadanía se queje del mal servicio, la empresa no busca mejorar el servicio; además, acusó que el "Poder Judicial también está cegado" y de cancelarse el contrato, resolverían a favor de Agua de Puebla.

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"El contrato se hizo tan leonino que mi abogado Martín Fuentes me ha dicho que es riesgoso cancelar el contrato porque tendríamos una penalización que sería costosa para el estado. (...) Y es que si cancelamos el contrato, algunos jueces van a dar el fallo a favor de la empresa", lamentó el morenista.

Comentó que al conocer la problemática sobre el acceso y abastecimiento de agua potable que enfrentan los poblanos en varios municipios ya presentó una iniciativa en el Senado de la República al respecto.

"Agua de Puebla nos cobra la potabilización del agua y no han invertido un solo peso en la potabilización. Agua de Puebla es una empresa que se creó para saquear, lamentablemente a los poblanos, eso es lo que me dicen los ciudadanos", afirmó el legislador.

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró el día de ayer que en caso de ser beneficiado en la encuesta interna del partido y posteriormente ganar las elecciones, realizará una revisión del contrato que el estado guarda con Agua de Puebla para Todos y analizar su revocación.

En septiembre del 2022, activistas y colectivos de la entidad denunciaron que entre las irregularidades de la empresa se encuentra un permiso de operación por más de 90 años, la insuficiencia en el suministro, la falta de saneamiento y la creación de otras figuras jurídicas con nombres similares para evitar notificaciones y sanciones por incumplimiento de contrato.