La Fundación Mary Street Jenkins emprendió acciones legales en contra de los integrantes del nuevo patronato que intenta imponer la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.

En desplegado publicado este miércoles la Fundación Mary Street Jenkins afirma que Óscar Alejandro Franco Salazar, Antonio José Francisco Caballero y Fernández, Alejandro Sepúlveda Ortega, Pablo Jenkins Gavito y Guillermo Jenkins de Landa ostentan una representatividad que no les corresponde.

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Asegura que para imponerlos "José Daniel Vázquez Millán y la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia de Puebla, que preside, se atribuyen facultades que no tienen conforme a derecho, con el propósito de validar actuaciones flagrantemente ilícitas".

El documento, de cuya publicación firma como responsable Félix Edmundo Bautista Salazar, agrega que el equipo jurídico de la Fundación Mary Street Jenkins ya inició demandas y denuncias civiles y penales contra quienes se presten a tal engaño con dolo y mala fe.

En las acciones legales emprendidas por la fundación se busca que esta nueva maniobra tenga consecuencias y se exige la reparación de todos los daños que se lleguen a ocasionar por "este grupo espurio que nuevamente fracasará».

Este desplegado se suma al comunicado emitido el lunes pasado por la misma fundación en el que afirmó que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla intentar remover de forma ilegal a los integrantes del actual patronato para imponer a nuevos miembros.

Guillermo Jenkins de Landa, a quien se le separó del patronato por anomalías en el manejo de los recursos, encabeza la ofensiva para revertir diversas decisiones del Poder Judicial de la Federación que permiten resguardar el patrimonio de la Fundación de intentos ilícitos de apropiación.

La Junta intenta declarar nulidades de actos jurídicos firmes, sin tener facultades, a través de ilegalidades que pretenden intervenir en el patrimonio, gobierno y domicilio de la Fundación, lo que constituye un atropello contra el Estado de Derecho, asegura la Fundación Mary Street Jenkins.