El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró al diputado federal Ignacio Mier Velazco de la presunta comisión de violencia política e institucional, por la utilización de la frase “traidores a la patria”.

El revés a los diputados federales de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano también alcanzó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En sesión de la Sala Superior del Tepjf se resolvieron los recursos de revisión de los procedimientos especiales sancionadores SUP-REP-10/2023 y acumulados 7, 11 y 14 en contra de la Sala Regional Especializada que declaró existente la violencia política e institucional en contra del legislador y los funcionarios morenistas.

Esto, derivado de utilizar la frase “traidores a la patria” en la realización de eventos en redes sociales, luego de que los diputados de oposición votaran en contra de la reforma eléctrica, a pesar de que la expresión fue calificada como calumnia electoral.

El dictamen de la #ReformaEléctrica, incluye 12 puntos q propuso el PRIANRD. Los artículos transitorios de la LIE no los vamos a cambiar porque es traicionar al país, que continue la ilegalidad y la corrupción. Lean y reflexionen, que no los engañen. No sean traidores a la patria pic.twitter.com/VjuvtzjmJn

— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 15, 2022

De acuerdo con el estudio del caso, a cargo del magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, era viable revocar la sentencia con la que fueron sancionados, pues declaró como inexistentes los agravios denunciados.

El magistrado consideró que no existía violencia política porque la frase no limitó el trabajo de los denunciantes ni se realizó de forma sistemática; asimismo, no basta con acreditar calumnia electoral para determinar que se cometieron estas faltas.

No existió violencia institucional, porque estas conductas deben ser imputadas a agentes del estado que hayan ejercido sus atribuciones para “actos jurídicos o hechos que tengan como fin la violación grave de los derechos humanos de las personas denunciantes”.

“Se propone declarar fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada el agravio de los recurrentes denunciados conforme a que no se actualiza la violencia política porque no se acreditó que a partir de las expresiones denunciadas se haya tratado de obstruir el ejercicio del cargo de las diputaciones”, explicó el secretario de estudio y cuenta Alfonso Dionisio Velázquez Silva.