Un juez pospuso hasta el 11 de enero la audiencia en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) y trabajadores de la empresa Autobuses México Puebla Estrella Roja serían llevados a juicio por el probable delito de discriminación contra Carlos, un joven con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y por la violación a su intimidad sexual.

La audiencia de control judicial se celebraría el pasado 8 de diciembre en el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Centro en la ciudad de Puebla, para determinar el probable ejercicio de acción penal contra Elizabeth "N" y Eduardo S", jefes de Carlos.

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Autobuses Estrella Roja, empresa de servicios de transporte de pasajeros y servicios especializados en logística más grande de Puebla, finalmente enfrentará el próximo año las denuncias por discriminación, segregación y estigmatización laboral interpuestas en 2019 por Carlos, quien inició una la lucha legal por los delitos cometidos en su contra “por vivir con VIH y ser homosexual”.

El joven ha expuesto que desde noviembre de 2017 en la empresa Estrella Roja – donde laboraba--- comenzaron una serie de violaciones a derechos humanos, como divulgar su diagnóstico, con engaños, además de realizarle una prueba VIH sin su consentimiento, violando la cartilla de derechos de las personas que viven con VIH/SIDA, haciendo su vida laboral un infierno y un camino cuesta arriba hasta que fue despedido.

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“Los trabajadores de dicha empresa comenzaron a segregarme del resto del grupo debido a mi condición de salud, expresándose con lenguaje inapropiado y ofensivo por mi orientación sexual y por vivir con VIH, llegando a despedirme por mi diagnóstico y orientación sexual”.

El caso llegó hasta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y en el expediente CONAPRED/DGAQ/0134/DQ/19/I/PUE/Q0134, el órgano confirmó que lo sufrido por Carlos, eran actos de discriminación cometidos por Eduardo “N” y Elizabeth “N”, empleados de Estrella Roja.

Pese a existir la confirmación del CONAPRED en la acreditación de la violación de La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), pruebas periciales que confirmaron daño psicológico y emocional, la denuncia interpuesta por el delito de discriminación por condición de salud ante la Fiscalía del Estado de Puebla (FGE) en la Unidad Especializada en Delitos contra la Comunidad LGBTTTQ+, el joven fue revictimizado por parte del agente del ministerio público y su denuncia no prosperó.

“En ningún momento la autoridad correspondiente hizo uso de los recursos a su disposición para fortalecer mi caso, negándome servicios integrales, la protección a víctimas, pese a demostrar las amenazas que se han realizado en mi contra desde números de Autobuses México Puebla Estrella Roja con mensajes de odio como el recientemente documentado –“Vamos a darle matarile al Maricón”(sic.). 

A la fecha no se han impuesto medidas cautelares y de protección necesarias que garanticen la seguridad del joven y la de su familia.

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Carlos asegura que los hechos y acciones cometidas en su contra, no se han esclarecido ni castigado, en cambio ha habido represarías y amenazas en su contra, las cuales atentan contra su salud, dignidad, estabilidad psicológica, emocional y económica y la FGE las ha ignorado.

Carlos consideró en entrevista que la fiscalía ha protegido en todo momento a Eduardo “N”, Elizabeth “N”, Froylan “N” y Arturo “N”, así como a la empresa Autobuses México Puebla Estrella Roja.

En entrevista, el joven teme que la FGE a través de su Unidad de Delitos contra la Comunidad LGBTTTQ+, no resguarde sus datos y diagnóstico, pues asegura que ha violado el debido proceso.

Sin aplicarse la Ley Olimpia

La denuncia señala también la violación de la intimidad sexual de Carlos, quien afirma que en noviembre de 2021 los mecánicos Froylan “N” y Arturo “N”, de Estrella Roja, hackearon su celular para extraer, almacenar y divulgar, a través de medios provistos por Autobuses México Puebla Estrella Roja, contenido íntimo y sexual de él y su pareja, lo que generó acoso y agresiones sexuales del resto del personal, incluso incitándolo.

Pese a que Puebla fue el primer estado del país en aprobar la “ Ley Olimpia”, que atiende esas violaciones, este caso no ha sido atendido por la fiscalía. “No debe quedar impune ante la omisión y al encubrimiento de las autoridades a los trabajadores de esta empresa, exijo a las autoridades en Puebla a respetar y actuar conforme a lo mencionado en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género, dijo Carlos al respecto.

La impartición de justicia en casos de discriminación por condición de salud, orientacion sexual y violación de derechos humanos impone a las autoridades de Puebla y del Estado Mexicano a implementar políticas públicas que respondan a la generación de medidas urgentes de no repetición, ninguna persona debe perder sus fuentes de ingreso y acceso a la salud por motivo de orientación sexual o condición de salud.

Prueba de VIH aplicada con engaños

En el acoso y revictimización a Carlos se suman otras dependencias como la Secretaría de Salud del estado de Puebla, quien se ha negado a proporcionar los registros de la prueba de VIH que le realizó al joven entre noviembre y diciembre de 2018 sin su consentimiento.

La prueba habría sido solicitada de manera encubierta y coludida por la empresa E-CONTACT PROFESSIONAL SERVICES S.A. DE C.V., quien tampoco ha logrado acreditar el motivo de su solicitud, pues el joven no laboraba para ellos.

En una carta pública, el joven solicitó a las autoridades de la ciudad de Puebla respetar los tratados internacionales como el pacto de San José, así como la carta de derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA y se siga lo establecido en el artículo 357 del código penal del Estado de Puebla.

También pidió un freno a su revictimización y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos vigile la actuación de las dependencias y autoridades.

“Hay estigma, criminalización y discriminación contra las personas con un diagnóstico positivo en VIH, es un obstáculo que impide el libre ejercicio de sus derechos todos los días, impactando las vidas de las personas dejando secuelas físicas, emocionales y psicológicas por el odio. Por eso estoy luchando, porque esto debe revertirse”, apuntó Carlos a este medio.

Para Carlos como para la comunidad de diversidad sexual, la audiencia donde se juzgará este caso representa la oportunidad histórica para generar un precedente legal en México que sirva para evitar que las empresas discriminen a trabajadores con VIH y autoridades sean omisas ante tal hecho.