El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, sentenció que es necesario fortalecer los mecanismos de protección y seguridad para madres buscadoras de personas desaparecidas en conjunto con los gobiernos estatales.

En lo que va del 2022 suman cinco feminicidios de activistas y madres buscadoras en México, entre ellos el de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba en Puebla a su hija Betzabé, quien continúa desaparecida.

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En entrevista tras participar en la clausura del 25 Encuentro Internacional de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, organizado por la BUAP, el funcionario federal adelantó que para el siguiente año se prevé entregar 34 millones de pesos en subsidios a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, para fortalecer sus capacidades de búsqueda y forenses a favor de personas desaparecidas.

Indicó que para el segundo semestre del siguiente año también se podría dar otro monto de entre 60 y 100 millones de pesos a la comisión, de acuerdo con la forma en la que se erogue el primer monto.

Comentó que el dinero podría ser utilizado para crear centros de resguardo temporal de cuerpos o centros de identificación.

Encinas Rodríguez mencionó que actualmente siguen en pláticas de cómo se deberían utilizar los recursos otorgados en las entidades, aunque constantemente incrementa el dinero destinado para ubicar a desaparecidos.

Sobre las desapariciones en Puebla, declaró que el 25 por ciento del total son mujeres, de 15 a 19 años de edad, lo cual se vincula con otro delito, que es la trata de personas, y el fenómeno es similar en Tlaxcala.

Fundamentales las políticas de memoria

En la clausura del evento, Guillermo Fernández-Maldonado Castro representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró que es fundamental construir, fortalecer y consolidar políticas de memoria contra el olvido ante los diferentes casos de violaciones a derechos humanos.

Fernández-Maldonado Castro manifestó que las violaciones de derechos humanos son en contra de colectivos, pueblos originarios, personas que defienden la naturaleza, quienes denunciaron o demandan justicia ante los abusos.

“De ahí la importancia de la memoria que se convierte en la estafeta de la lucha de una generación a otra para recordar a las víctimas y conocer las acciones que no se deben repetir pues violar los derechos humanos toman un instante, pero la recuperación de estos hechos puede durar más de una generación”, refirió.

Añadió que la memoria también es fundamental para frenar el intento de silenciar voces que demandan justicia, verdad y la reparación del daño.