“¿Qué se hace con las personas entrenadas en la violencia en tiempos de paz?”, se cuestionó José Ramón Cossío Díaz durante la cátedra de la Ibero Puebla que lleva su nombre. La Constitución indica que, ante la ausencia de amenazas, el ejército debe permanecer en los cuarteles; las funciones de seguridad nacional tendrían que ser desempeñadas por mandos civiles.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que esto no ocurre en México, pues desde hace años el ejército cuenta con facultades que van, desde el Plan DN-III para desastres naturales, hasta la acción para la eliminación de plantíos de droga. El empoderamiento de las fuerzas armadas ha crecido de manera exponencial desde tiempos de Felipe Calderón, y la novedad con Andrés Manuel López Obrador se centra en el uso intensivo y abierto de la milicia.

El ministro en retiro enfatizó: “hemos observado una juridificación de las actividades de las fuerzas armadas. Les hemos otorgado puertos, fronteras, operaciones directas de seguridad y una ampliación hasta el año 2028”. Esto ha sido posible gracias a un principio que indica que los organismos de corte militar pueden intervenir en la vida pública siempre que tenga un mando civil; en este caso, el presidente.

Las fuerzas armadas han sido utilizadas con una prominencia cada vez mayor para contener la ola de violencia. A decir del jurista, se trata de una lógica que pretende palear un problema estructural sin conocerlo a profundidad. El incremento de elementos del ejército ha colocado al país en un estado de excepción que tiene múltiples implicaciones para la vida pública.

Una de ellas tiene que ver con el impacto directo al ejército como institución pública. El sistema militar debe articularse bajo principios disciplinares y de secrecía estrictos para cumplir con las funciones esenciales de seguridad nacional. Cuando se les asignan tareas civiles, esa misma excepcionalidad puede derivar en actos de corrupción y opacidad.

Con ello, se erosiona la democracia y se justifican las acciones extraordinarias del ejército en la vida pública, todo bajo el alegato de “estado de guerra” contra el crimen. “El problema no es que se esté militarizando la sociedad, sino que hay un fenómeno inverso: que el ejército y la armada adquieran condiciones civiles que no les son propias”.

 “¿Vamos a regir nuestras conductas por valores militares con lo mal que nos ha ido como humanidad con ellos? Los valores militares tienden a instrumentalizar a las personas”: Dr. José Ramón Cossío.

Esto deriva, a su vez, en la instrumentalización de los derechos humanos: es posible detener, censurar, diluir y neutralizar actividades civiles con un “bien mayor” como objetivo último. José Ramón Cossío advirtió que el traslape entre división de poderes es un juego que les resta a todos: las fuerzas armadas pierden disciplina; la sociedad civil, libertades.

De acuerdo con el exministro, el proceso de militarización de México puede encontrar dos vertientes: que se mantenga una presencia cada vez mayor de elementos del ejército en las calles, o bien, que se instale el militarismo como paradigma cultural y político del país.  Como al inicio de su exposición, Cossío Díaz provocó: “¿Cómo vamos a desmontar todas estas acciones para reconducir al ejército a la función básica de que nos defiendan cuando lo deben hacer?”.

Como mecanismo de suspensión del derecho, el estado de excepción ha sido normalizado, lo que ha impactado en las dinámicas sociales cotidianas. El Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Cátedra Cossío, indicó que la intervención militar conduce a entornos en los que se deteriora la dignidad humana y la sensibilidad frente a la violencia.

Sujetar el uso extraordinario de la fuerza a la lógica militarista conduce inevitablemente a la pérdida de control. “No solo es el tema de la seguridad pública, sino la ocupación de otros ámbitos de la vida pública bajo la lógica de la excepción normalizada”. El llamado, redondeó Hernández León, es a recuperar la clave democrática en las instituciones.