Una jueza federal suspendió de manera indefinida la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y ordenó que su control regrese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La suspensión fue otorgada por Karla María Macías, jueza Noveno de Distrito en Guanajuato, a la organización Uniendo Caminos México (UCMéxico) y tendrá vigencia hasta que la juzgadora dicte sentencia al amparo promovido.

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La resolución establece que los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional deben suspender la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales, pero en caso de que dicha transferencia ya haya iniciado, se precisa entonces que los recursos deben restituirse, en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de 2022.

La resolución fue otorgada luego de que Ángel Castro Gómez, representante de la organización de defensa de Derechos Humanos UCMéxico, presentó un amparo solicitando declarar inconstitucional la transferencia de la GN a la Sedena, debido a que la seguridad pública no es de carácter militar, refirió el defensor.

La suspensión definitiva puede ser impugnada a través de una revisión que tendrá que ser resuelta por el mismo tribunal que dejó sin efectos la suspensión provisional.

El pasado 13 de agosto, el juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato concedió la primera suspensión provisional contra el decreto y ordenó que no se transfiriera el control operativo de la GN a la Sedena.

El amparo fue tramitado por diversas organizaciones de la sociedad civil y forma parte de las 53 demandas colectivas que fueron presentadas en diferentes juzgados de la Federación.