El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad de votos la reforma al Poder Judicial del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que incluye el principio de paridad de género, la posibilidad de que 23 mil ciudadanos impugnen leyes estatales y prohíbe la reelección del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En la sesión plenaria de este jueves 6 de octubre los diputados y diputadas locales avalaron una serie de modificaciones a la Constitución Política del estado de Puebla, en específico los artículos 12, 37, 57, 61, 86, 87, 88, 90, 91 y 94.

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#ÚLTIMAHORA || Por unanimidad de votos el Congreso de #Puebla aprueba la reforma judicial del gobernador @MBarbosaMX, que prohíbe la reelección del presidente del #TSJ.
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El dictamen contiene las causales para sancionar a magistrados y consejeros de la Judicatura por denegación grave de justicia, incumplimiento doloso a los supuestos de impedimento judicial o por violaciones a las reglas de conflicto de interés.

Antes de su aprobación en el pleno del Congreso local la iniciativa fue modificada con propuestas que presentaron diputados del PAN, PRI y Morena.

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El Congreso de #Puebla aprobó la reforma al Poder Judicial de @MBarbosaMX, la cual prohíbe la reelección del presidente del #TSJ.https://t.co/pl1fTlxabF pic.twitter.com/Y9du5WFkzn

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Con estas modificaciones, se precisa que el Congreso no procederá de facto a la destitución de magistrados, sino que se iniciará un procedimiento de responsabilidades que será sustanciado y resuelto por el Consejo de la Judicatura, debiendo informar de esto al Legislativo para que imponga sanciones.

Se crea la Sala Constitucional, adscrita al Poder Judicial, pero independiente del Tribunal Superior de Justicia, que resolverá controversias que promuevan los presidentes municipales o el 33 por ciento de los integrantes de los Cabildos contra los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, cuando sean contrarias a la Constitución Política del estado.

Dicha sala contará con cinco magistrados; además, el Consejo de la Judicatura contará con una Escuela Estatal de Formación Judicial y el Instituto de Defensoría Pública, que pasa del Poder Ejecutivo al Judicial; asimismo, se crea el mecanismo de responsabilidad para magistrados y consejeros de la Judicatura, independiente del juicio político por denegación de justicia, conflicto de interés o impedimento.

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Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Constitucional y del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en el cargo 15 años improrrogables.