Académicos de la UPAEP y la Universidad Iberoamericana de Puebla discreparon sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en el país, pues alertaron que no hay condiciones para sustituirla por otras medidas cautelares, pero al mismo tiempo, su extinción sería benéfica para el respeto a los derechos humanos.

A partir del lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en contra de la medida, aunque organizaciones civiles avalaron el cambio, por considerar que la prisión preventiva viola el derecho a la presunción de inocencia.

Eder Vásquez Espinoza, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) consideró que sería positivo aplicarla porque no se vulneraría el derecho humano a la presunción de inocencia, además las autoridades podrían aplicar otras medidas cautelares para prevenir la fuga de algún presunto delincuente.

En entrevista, expresó que la prisión preventiva al final es detener a una persona sin saber si es culpable o inocente de algún delito cuando los tratados internacionales van en contra de estas acciones.

Recordó que anteriormente la prisión preventiva era sólo para algunos delitos de alto impacto, sin embargo, en los últimos años se ha abusado de esta figura pues constantemente se incrementa el catálogo de delitos.

Eder Vásquez consideró que las autoridades no podrían justificar que no se puede ejercer justicia por la falta de prisión preventiva, ya que existen otras medidas cautelares para resguardar a los presuntos delincuentes como la presentación periódica ante el juez, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas, prohibiciones para concurrir a determinadas reuniones o convivir con determinadas personas.

El académico añadió que este cambio también podría beneficiar a la situación de las prisiones pues hay mucha gente que lleva años detenida y sin una sentencia, lo peor es que algunos podrían ser inocentes.

Al corte de julio de este año, 7 mil 805 personas estaban en las prisiones por delitos del fuero común en Puebla, de los cuales 4 mil 503 no tenían sentencias. A estos se suman 841 personas aprehendidas por delitos del fuero federal, de las cuales 471 tampoco tenían sentencia de acuerdo con el Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional.

Sistema de justicia es deficiente

En entrevista por separado, Lucía Sánchez, académica de la Universidad Iberoamericana, opinó que desde una perspectiva ciudadana sería ideal eliminar la prisión preventiva oficiosa, sin embargo, la realidad es que no existen las condiciones para aplicarla.

“Se debe considerar que el sistema de justicia no cuenta con todo lo necesario para aplicarlo, para empezar, hace falta personal en general y, para llevar a cabo algunas medidas cautelares, se requieren más recursos económicos”, apuntó.

Como ejemplo puso que, si se quisiera aplicar el resguardo domiciliario, se necesitarían elementos de seguridad que estén al pendiente del presunto culpable, pero eso también quitaría la posibilidad de que ese mismo personal trabaje en otros temas de seguridad pública.

Si se quieren combatir problemas como el hacinamiento en las cárceles, enfatizó que se debe combatir desde el origen, disminuir los índices de delincuencia y esto tiene que ver con las condiciones sociales de las personas.