En su campaña para gobernador, Miguel Barbosa Huerta ofreció una ruptura con el morenovallismo, periodo que se distinguió por el autoritarismo, persecución, privatizaciones y despidos; pero en tres años las acciones que ha emprendido su gobierno apuntan más hacia el continuismo que a los cambios.

 

El politólogo Diego Velázquez Caballero señala que hasta ahora la administración barbosista —iniciada el 1 de agosto de 2019 y que sólo durará cinco años— no se distingue como un gobierno de izquierda. Por el contrario, mantiene grupos y políticas que el hoy mandatario criticó durante la campaña que lo llevó al poder.

 

Diversos actores han acusado a Barbosa de incumplir sus promesas a los votantes, entre otras la de cancelar la privatización del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla, consumada por Moreno Valle en 2014, y reinstalar e indemnizar a los burócratas despedidos injustificadamente en los primeros años de la administración panista.

 

Francisco Castillo Montemayor, exsecretario del Medio Ambiente, refiere que, si bien el gobierno de Moreno Valle representó un retroceso, Barbosa, al validar políticas como la privatización del agua y prácticas autoritarias, profundizó esos retrocesos y defraudó las expectativas de cambio que tenían los poblanos.

 

Resultado de esto, indica Velázquez Caballero, es que la llamada Cuarta fransformación no ha tenido efectos significativos en Puebla y, por el contrario, los principales indicadores nacionales revelan saldos negativos de estos tres años.

 

En el Índice de Desarrollo Democrático, Puebla pasó de ocupar el lugar 27 en 2018 a la posición 31 en 2022, sólo por arriba de Guerrero. En el Índice de Competitividad Estatal la entidad bajó cinco posiciones, pues del lugar 20 que tenía en 2018 descendió al 25 este año.

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social también reporta que la pobreza en Puebla se incrementó de 2018 a 2020, al pasar de 64.3 a 69.9%, lo mismo que la pobreza extrema, que pasó de 17.8 a 26.2%.

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografia indica que la percepción de inseguridad estatal aumentó de 81.4 en 2018 a 85.6 en 2021, mientras que al medir la Prevalencia de Corrupción por cada 100 mil habitantes, en 2021 Puebla tuvo una de las incidencias más altas del país, sólo superado por Quintana Roo.

 

El académico destaca que el gobernador tiene como abogado de cabecera al calderonista Roberto Gil Zuarth, quien fue uno de los principales asesores de Moreno Valle (Proceso 2364). Barbosa sostiene una relación cercana con priistas como el diputado Jorge Estefan Chidiac y con panistas como el alcalde Eduardo Rivera Pérez, mientras que se confronta con la militancia de base de Morena en el estado.

 

De los actuales integrantes de su gabinete, indica, ninguno puede identificarse como un perfil progresista de Morena. El caso más peculiar es la secretaria de Economía, Olivia Salomón, quien no ha militado en el partido y más bien sería cercana a lo "fifis", pues antes de ser parte del gobierno era directora del Club de Golf y Residencial La Vista, el fraccionamiento más exclusivo de Puebla.

 

En tanto que militantes como el abogado laboralista Abelardo Cuéllar Delgado, quien hasta enero era secretario del Trabajo y es ubicado por el CEN de Morena como "uno de los activos más importantes del lopezobradorismo en Puebla", ha acusado al mandatario de persecución política.

 

En sólo tres años Barbosa ha realizado 20 cambios de secretarios de su gabinete. El más reciente fue la titular de la Secretaría de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, quien fue nombrada por el Congreso titular de la Auditoría Superior del Estado, sin tomar en cuenta el conflicto de interés, pues auditará la gestión de la que ella formó parte.

 

Como ocurrió en el morenovallismo, actores diversos han denunciado al gobernador por persecución y hostigamiento, como el director del periódico e-consulta, Rodolfo Ruiz, y la exalcaldesa morenista Claudia Rivera.

 

En el gobiemo de la 4T en la entidad, refiere Velázquez Caballero, siguen vigentes vicios del "viejo régimen", como el sometimiento del Poder Legislativo, el control de órganos que deberían ser autónomos y de la prensa con convenios publicitarios.

 

 

A las constantes confrontaciones que suele tener Barbosa con diferentes personajes estatales y federales, se suman las crisis de su administración.

 

Entre las más recientes están la toma policiaca de la Universidad de las Américas Puebla, en un conflicto que se prolongó ocho meses y que sigue vigente en tribunales; la aparición del cadáver del bebé Tadeo en el interior del penal de San Miguel; el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón; el linchamiento del exasesor de la Cámara de Diputados Daniel Picazo en el municipio de Huauchinango y el asesinato de seis integrantes de un grupo de autodefensas en una emboscada presuntamente perpetuada por un cártel delictivo que opera en la Mixteca poblana.

 

También figura entre los casos relevantes el asesinato de tres indígenas de Coyomeapan, entre ellos un menor de edad, a manos de elementos de la Policía Estatal. Este conflicto se mantiene vigente desde hace más de un año, igual que la ingobernabilidad en esa localidad.

 

Sobre este caso, Barbosa ha emitido información falsa, como cuando dio por cierto un reporte del secretario de Seguridad, Daniel Cruz Luna, quien aseguró que los pobladores atacaron a la policía y negó la existencia de muertos. De esto tuvo que desdecirse, como lo consignó Proceso en su edición 2378, de mayo pasado.

 

Alejandro Guillén Reyes, comisionado del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, dice tener la "impresión" de que muchas confrontaciones del mandatario poblano con actores sociales, como los empresarios, se derivan de información "imprecisa" que recibe.

 

Otro factor que afecta la administración y que el propio mandatario admite, es su poca efectividad para comunicar "acciones positivas". El 30 de junio Barbosa se quejó de que tres de sus exsecretarios de Seguridad Pública "lo engañaron", luego de que hicieron negocios con celdas de lujo en el penal de San Miguel y obtuvieron ganancias de más de 3 millones de pesos semanales. Le dijeron que destruyeron esa construcción, pero no lo hicieron.

 

Otra mea culpa ocurrió con Guillermo Aréchiga, secretario del fransporte del estado hasta marzo de 2021, quien a principios de este año fue encarcelado bajo el cargo de vender concesiones y hacer negocios con la supuesta modernización del transporte urbano, que hasta la fecha es un fracaso.

 

En octubre de 2021, la Congregación Mariana Trinitaria finiquitó su convenio de "Alianza para la Felicidad" con el gobierno de Puebla. La organización reveló que Lizeth Sánchez, a la fecha secretaria del Bienestar, instrumentó un programa de vivienda con el mismo nombre de "Alianza para la Felicidad" y aseguró que "miles" de familias fueron defraudadas por personas que les pidieron dinero sin entregar nada. Se interpusieron denuncias penales por el fraude, pero no han prosperado.

 

Asimismo está el caso de Éric Cotoñeto, considerado el operador político más cercano a Barbosa, quien sin ocupar cargo en el gabinete contaba con gente de su equipo en la mayoría de las dependencias. En pocos días los allegados a Cotoñeto fueron expulsados de la administración estatal y fue público el rompimiento con Barbosa, pues se especuló que su hombre de confianza incurrió en "abusos", aunque no se conoció una investigación al respecto.

 

En contraparte, desde agosto de 2021 Barbosa anunció que se crearía una comisión especial para investigar la presunta corrupción de funcionarios morenovallistas en la compra de terrenos donde se construyó la automotriz Audi y Ciudad Modelo. Sin embargo, a la fecha no se ha vuelto a hablar del tema. 

 

 

El 11 de mayo el gobernador anunció que pronto habría "noticias muy fuertes" que podrían derivar en el retiro de la concesión del servicio de agua a la empresa Concesiones Integrales, propiedad de los Hank Rhon. Dos meses después, el 8 de julio, salió a defender la petición de aumento de tarifas a los usuarios que pidió la empresa. "Lo demás es populismo o discurso viejo", justificó.

 

Castillo Montemayor, quien fue encarcelado durante el gobierno de Moreno Valle por criticar sus políticas, dice que al respaldar el alza de tarifas, Barbosa convalida la ineficiencia de la concesionaria que en su momento fue "favorecida con un contrato leonino" y ni así cumplió sus compromisos.

 

A la empresa, también llamada Agua de Puebla, se le autorizó adquirir un crédito de 2 mil millones de pesos, sin que para ello tuviera que presentar el programa al que se compromete para mejorar y ampliar la infraestructura. Castillo considera muy probable que la empresa contrate ese financiamiento con banca Monex, también de los Hank Rhon. "Yo soy muy mal pensado y no puedo evitar suponer que esto se relaciona con las elecciones que se avecinan", alerta.

 

Los verificentros que Moreno Valle entregó a la familia Kahwagi, refiere el ambientalista, se quedaron sin permiso porque Barbosa les quita la concesión al asumir el gobiemo, pero en su lugar ya no puso nada. Puebla tiene casi tres años sin controlar la emisión de gases.

 

Barbosa también se comprometió en campaña a pagar laudos y reinstalar a burócratas que ganaron juicios laborales durante el morenovallismo. En lugar de eso contrató despachos de abogados propatronales, entre ellos el del exdirigente estatal de Morena Mario Bracamontes, para tratar de reducir los montos a pagar. Según testimonios, estos abogados ofrecen entre 20% y 30% de los laudos a cambio de no alargar más los juicios o ya no retener salarios a trabajadores que tienen meses reinstalados.

 

Jorge Olivares Vargas, representante de 40 instructores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla que ganaron juicios desde 2019, revela que presentaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo porque el gobiemo de Puebla evade con "argucias ilegales" cumplir laudos que ya están firmes.

 

 

A dos años de los comicios de 2024, Barbosa se ha enfrascado en una guerra contra Ignacio Mier Velazco, líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, quien se ubica como favorito de los actores nacionales del partido para la candidatura a gobernador de Puebla.

 

El pasado lunes 11 el legislador federal dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Barbosa, del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto; del senador Alejandro Armenta y del fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera.

 

Mier los acusa de revelación de secreto, confabulación de servidores y tráfico de influencias que se habrían cometido al filtrar a un medio de comunicación un expediente que inició la UIF por presuntas operaciones de lavado de dinero en el periódico Cambio, del cual Mier tiene 34% de acciones.

 

Previamente diversas columnas locales advirtieron sobre la posible aprehendión del hijo del legislador, Ignacio Mier Bañuelos, alcalde de Tecamachalco, por su supuesta relación con el asesinato de tres policías ministeriales a manos de agentes de esa localidad.

 

El día que Mier dio a conocer su denuncia ante la FGR, Barbosa sacó a relucir ese triple homicidio. "El día que me colme le voy a entrar directo" , amenazó. Detrás de esta confrontación está la pugna por la candidatura de Morena. Mientras que el legislador es parte del grupo del exgobernador Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y es impulsado por otros actores nacionales, Barbosa pidió a sus colaboradores que se destapen y busquen la postulación.

 

Hasta ahora han alzado la mano los secretarios Gabriel Biestro, del frabajo; Melitón Lozano, de Educación, y Olivia Salomón, de Economía, igual que el líder del Congreso local, Salomón Céspedes y el titular del Poder Judicial, Héctor Sánchez.

 

Ambos grupos buscan este fin de semana tomar el control de Morena con miras a definir las candidaturas de 2024. El grupo local de Barbosa tiene de operador a su primo Julio Huerta, director de Gobierno estatal, y en el federal estaría dirigido por Rodrigo Abdala, sobrino de Bartlett y funcionario de la Secretaría del Bienestar.

 

De acuerdo con audios publicados en medios locales, para este sábado 30 ambas fuerzas preparaban acarreos de votantes para elegir a congresistas afines a sus proyectos y buscarán afiliar al mayor número de militantes. El grupo de Barbosa operará con alcaldes de todos los partidos que usarán programas sociales del estado, y el de Mier, con los apoyos federales y la estructura de los Servidores de la Nación.