Para castigar el delito de difamación y calumnias, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, presentará una iniciativa para reformar el artículo 17 del Código Penal del Estado de Puebla.

Esto pese a que la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido sentencias en las que se impide denunciar por estos conceptos. Bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal solo se considera el delito de daño moral.

En conferencia de prensa, el legislador explicó que el próximo jueves presentará una iniciativa para reformar el Código Penal en los artículos 362 al 369 para regresar las modalidades de daño a la moral.

Asegura que esta propuesta busca respetar la libre expresión y la garantía de la manifestación de ideas de los políticos y los periodistas con veracidad.

“Que se regrese el tema de la calumnia porque nadie puede inventar hechos que constituyan algún delito, con la finalidad de iniciar un proceso judicial. En algún caso vienen desde el poder esas calumnias”, declaró.

El panista busca aumentar las penas de seis meses a cuatro años de prisión a quien cometa ese delito. La sanción económica sería de 100 a 200 UMAS, que equivalen a 9 mil 622 pesos y hasta 19 mil 244 pesos.

El pasado 11 de marzo, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso del Estado aprobó el proyecto de decreto enviado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, para derogar los artículos 207 y 208 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en los que se detallaban ldelitos cometidos contra funcionarios públicos.

Micalco Méndez recordó el caso de Jorge Aguilar Chedraui, ex secretario de Salud,  quien buscó ampararse ante  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) luego de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta lo acusara por desvío de recursos.

“Por ahí tenemos un caso en el que desde el poder se acusó a alguien. Fue la CNDH que hizo una recomendación y nunca hubo culpa ni una testificación. Ahí sigue la calumnia. Entonces, esto es para dar garantía y protegerse de un caso así”, expuso.

Aunque el órgano defensor de los derechos humanos emitió una dura recomendación a Barbosa Huerta y al entonces ex auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, los funcionarios evitaron cumplir el exhorto.

El 18 de junio de 2021, Jorge Aguilar Chedraui denunció ante la CNDH que Barbosa Huerta y Romero Serrano violaron el principio de presunción de inocencia al imputarle injustificadamente el delito de desvío de recursos durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Para sustentar y defender sus cuentas públicas, Aguilar Chedraui presentó como pruebas los resultados de las revisiones exhaustivas que realizaron la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Las actas que fueron emitidas en 2011,2012 y 2013 dan cuenta de que la administración de Jorge Aguilar Chedraui al frente de la dependencia no cometió irregularidad alguna.

A pesar de eso, en varias ocasiones a través de sus ruedas de prensa, el gobernador morenista y otros actores políticos emitieron comentarios acusatorios sin pruebas en contra de Aguilar Chedraui.