La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comenzó un nuevo litigio en la SCJN contra el Congreso de Puebla, por considerar que violentó los derechos humanos de las personas con discapacidad, al reformar indebidamente la Ley de la Defensoría Pública local.

La LXI legislatura local que inició en septiembre, va por el mismo camino de la anterior, ya que con este caso sumará cuatro juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), todos iniciados por la CNDH.

El órgano que encabeza María del Rosario Piedra Ibarra interpuso la acción de inconstitucionalidad 68/2022, para exigir que se invalide la reforma a los artículos 6 y 24 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Puebla.

El reclamo se debe a que el Congreso local no realizó una consulta pública a un número importante de personas con discapacidad antes de avalar la reforma.

La CNDH sentenció que con la omisión se incumplió lo prevista en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a autoridades a llevar a cabo “una consulta estrecha y de colaboración activa de dicho sector de la población, respecto de las medidas que les afecten directa o indirectamente”.

En su recurso el organismo enfatizó que las reformas estuvieron dirigidas específicamente a ese sector e impactan directamente en el ejercicio efectivo de su derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás personas.

Sin embargo, exhibió que en el proceso legislativo el Congreso de Puebla no llevó a cabo la consulta a ese sector de la población, lo que significa que “transgredió su derecho a ser consultados en todas las medidas legislativas que incidan directamente en sus derechos”.

Por lo anterior la CNDH demandó a la Corte invalidar los artículos impugnados y obligue al poder Legislativo a reponer el proceso legislativo, ahora sí con una consulta previa.

De concederse la invalidez, sería la segunda consulta que el Congreso de Puebla estaría obligado a realizar, ya que también la SCJN le ordenó practicar una a comunidades indígenas, ya que tampoco fueron consultadas en la elaboración de la Ley de Educación que impulsó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta el año antepasado.