Con 33 votos a favor, 7 abstenciones y un impedimento, el Congreso de Puebla avaló castigar hasta con tres años de prisión y multas a quienes promuevan o practiquen las llamadas terapias de conversión, que buscan “cambiar” la preferencia o identidad sexual de las personas.

Desde las 11 de la mañana activistas a favor de la comunidad de la diversidad sexual hicieron resonar las puertas del Congreso de Puebla con música y consignas a favor castigar las terapias, al señalar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), violan los derechos humanos, pues la identidad sexual no se considera una enfermedad.

La reforma que se publicará en el Diario Oficial del Estado modificó el artículo 228 quater del Código Penal del estado, para imponer de 1 a 3 años de prisión y multas a quienes promuevan, impartan, apliquen, obliguen o financien cualquier tipo de tratamiento para intentar cambiar la orientación sexual de alguna persona.

La iniciativa presentada por el diputado de Morena Carlos Evangelista Aniceto fue aprobada sin discusión y sin modificaciones en la Comisión de Procuración y Justicia desde la semana pasada, pero antes de su votación en el pleno del Congreso hubo presión de grupos conservadores y religiosos, por lo que diputados de Morena, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PRI y Pacto Social de Integración; presentaron una modificación previa para especificar a qué se refiere una “terapia de conversión”.

Aunque la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia subió a presentar una reserva para modificar la iniciativa, fue rechazada y solo se avalaron los cambios propuestos por la mayoría.

Carlos Evangelista subió a tribuna para expresar que esta iniciativa busca eliminar los actos de discriminación, pues la identidad o preferencia sexual de las personas no son un comportamiento que deba curarse.

La reserva del PAN llegó tarde

Desde el fin de semana pasado, padres de familia, asociaciones civiles y el Consejo Poblano de Ministros rechazaron la iniciativa, argumentando que hay vacíos legales y se podría coartar la libertad de educación que los padres dan a sus hijos o las expresiones religiosas.

Ante esto, Rodríguez Della Vecchia pidió en la sesión a la Mesa Directiva presentar una moción para regresar a comisiones el dictamen, con el fin de repetir el proceso legislativo y fortalecer la reforma.

Sin embargo, su propuesta llegó tarde, ya que en la sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia el pasado 24 de mayo, no hizo ninguna observación porque llegó al final y no pudo participar en la discusión del dictamen, por lo que fue avalado por unanimidad por cuatro congresistas.

Para Mónica Rodríguez la redacción de la reforma es imprecisa, al no definir qué actos podrían considerarse una terapia de conversión y dejar un concepto amplio podría llevar a castigar o tipificar un delito que no existe.

Ante esto, la panista intentó llevar a discusión en el pleno su propuesta y agregar dos párrafos:

“Se entenderá por terapia de conversión aquellas prácticas, procedimientos o métodos consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas o tratamientos en los que se emplea violencia física, moral, psicoemocional, sexual o cualquier otra, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la autodeterminación sexual de las personas.

No se considerará terapia de conversión aquellas que buscan armonizar la expresión de género conforme al libre desarrollo de la personalidad y libre determinación terapéutica de la o el paciente, dar atención a la disforia de género o explorar la fluidez sexual”, sin embargo, no obtuvo la aprobación de sus compañeros.