Padres de familia y asociaciones civiles a favor de la familia, externaron que ven lagunas legales en la iniciativa para castigar a quienes promuevan o financien prácticas o sesiones psicológicas para intentar cambiar la orientación sexual de alguna persona.

En rueda de prensa, Guillermo Ortega, secretario de la Asociación de Padres de Familia, explicó que la iniciativa aprobada en comisiones esta semana no especifica cuáles son las terapias o tratamientos que se castigarán con cárcel.

“Está tan abierto que nos deja a nosotros como padres en una incertidumbre de no saber qué prácticas se van a considerar como que estamos tratando de cambiar la identidad de nuestros hijos”, explicaron.

El pasado 24 de mayo se aprobó en la comisión de Procuración y Administración de Justicia, del Congreso de Puebla, que se aplicará un castigo de uno a 3 años de prisión y multa de 50 a 200 días de salario a la persona moral o física que promueva, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento para intentar cambiar la orientación sexual de alguna persona.

La iniciativa fue presentada por el diputado local de Morena, Carlos Evangelista Aniceto que propuso reformar la denominación del capítulo VII del libro segundo y adicionar la sección quinta en materia de los Delitos contra el Libre Desarrollo de la Sexualidad, y con ello agregar el artículo 228 quater.

Padres de familia y las asociaciones Iniciativa Ciudadana y Mujeres de Iniciativa Puebla, argumentaron que algunas pláticas educativas podrían mal interpretarse.

“No nos da certidumbre de que las prácticas o pláticas con nuestros hijos no sean una terapia de conversión”, señaló Guillermo Ortega.

Esta iniciativa, busca tipificar el delito de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), que se refiere a las prácticas psicológicas, psiquiátricas, de consejería religiosa, entre otros métodos, que buscan influir en otras personas para modificar su orientación sexual.

Los colectivos señalan que hasta el momento no hay denuncias en la Fiscalía General del Estado, ni en la Comisión de Derechos Humanos, sobre ECOSIG por lo que los diputados podrían caer en la construcción de leyes que “castigan delitos que no existen”.

Por su parte, el diputado de Morena, Carlos Evangelista argumentó que, desde el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la OMS eliminó la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud, y hasta 2018 la transexualidad dejó de considerarse como un trastorno mental.

Sin embargo, en la actualidad estas prácticas presuntamente correctivas no han sido eliminadas por completo y estos cambios penales se han avalado en Jalisco y Ciudad de México.