En 2021 el Poder Judicial del Estado emitió 52 órdenes de protección familiar en Puebla, cifra que contrasta con las 8 mil 717 carpetas de investigación iniciadas por violencia familiar en el mismo periodo. 

Las órdenes de protección son medidas dictadas por la autoridad para proteger a las personas que viven violencia y se dictan de forma inmediata, en cuanto el Ministerio Público tenga conocimiento de los hechos. 

Por trimestre, se observa que de enero a marzo únicamente se emitieron tres órdenes de protección y fue el periodo en el que hubo menos, según los datos publicados por el Poder Judicial del Estado de Puebla en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que en 2021 las autoridades iniciaron 8 mil 717 carpetas de investigación por violencia familiar en la entidad. 

Es decir, las órdenes de protección representan el 0.5 por ciento de las carpetas de investigación por violencia familiar. 

Puebla es una de las entidades en las que se activó la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) debido a la frecuencia de las agresiones. 

Para qué sirven las órdenes de protección

Entre los objetivos de las órdenes de protección se encuentran separar al agresor de la casa en la que habitan, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble; prohibir al agresor acercarse a la casa, trabajo, escuela de la víctima, así como amenazar o molestar a la ofendida o a su familia, de acuerdo con información del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE).  

Son las propias víctimas u otras personas las que pueden tramitar las órdenes de protección sí la víctima no puede solicitarlo. 

El IDHIE explica que el Ministerio Público está obligado a dar seguimiento a la orden de protección para verificar su cumplimiento. El área de seguimiento llamará telefónicamente a la víctima, cada 24 horas, para saber si se han suscitado actos de violencia, amenaza o intimidación por parte del agresor. 

En caso de que la mujer no cuente con teléfono, elementos de seguridad pública realizarán rondines en forma periódica. Si se incumple la orden, el ministerio público emitirá multa o arresto al agresor.