Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó eliminar el control discrecional del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los recursos que resulten de ahorros en el presupuesto público federal a través de medidas de austeridad.

La norma disponía que los ahorros así generados podrán ser utilizados en términos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, que podían dirigirse al destino que por Decreto determine el Presidente de la República.

El proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue aprobado por mayoría.

La acción de inconstitucionalidad 139/2019 fue promovida por senadoras y senadores de la oposición, demandando la invalidez de varios artículos de la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 19 de noviembre de 2019.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá argumentó a favor del proyecto, al considerar que la facultad del Ejecutivo “vulnera la facultad de la Cámara de Diputados (donde) se establecen en la Ley el destino de los recursos públicos considerando la partida y el monto autorizado”.

Sostuvo que “todos los gastos erogados por cualquier ejecutor del gasto deben de estar previstos en el Presupuesto de Egresos, o en alguna ley, no de manera genérica sino especificando partida y monto autorizado” pues lo contrario “daría lugar a que la Cámara de Diputados perdiera el control sobre los recursos públicos, pues bastaría con que los ejecutores del gasto con autonomía presupuestal inflaran cierta partida para luego declarar ahorros y reorientar su propio gasto”.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa se expresó contra el proyecto, argumentando que la facultad de la Cámara Baja no cancela la posibilidad de que los ejecutores del gasto apliquen los ahorros presupuestales “para atender la realidad social, ya que el presupuesto es un instrumento que puede ser flexibilizado cuando se susciten razones válidas”.

“El principio de flexibilidad del presupuesto consiste en la posibilidad de realizar adecuaciones durante el ejercicio correspondiente, para permitir que sea un instrumento eficaz de administración económica y social ante eventualidades, entre otras, la disminución o incremento de los recursos previstos”, expresó, según una información del portal Aristegui Noticias