Antes de ventilar el supuesto boicot del gobierno de Puebla en su contra, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco José Romero Serrano, promovió un amparo por posibles actos de tortura psicológica, obtuvo la suspensión y se ordenó una investigación “de manera independiente, imparcial y meticulosa”.

En su recurso 20/2022, interpuesto ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, denunció tortura psicológica sistemática y su “inminente detención arbitraria” por parte del gobierno de Puebla, que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, la Consejería Jurídica del estado, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Lo anterior deriva de las acusaciones por violencia familiar y la filtración a medios de comunicación de una orden de aprehensión en su contra. 

Por ello, también acusó que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado “guardó silencio” ante la queja presentada por su esposa por el “sufrimiento mental” que provocaron las notas periodísticas.

“De igual forma se tiene el temor fundado de que me priven del contacto con mi familia, así como el temor de una inminente detención arbitraria, lo cual me está causando ansiedad y otros trastornos asociados a la reacción traumática de la amenaza del Estado”, se lee en la relatoría del auditor.

Romero Serrano señaló que las declaraciones del gobernador emitidas los días 22 y 23 de diciembre de 2021, donde le advirtió que “no habría impunidad” en su caso, le causaron agravio a sus derechos humanos y a su integridad psicológica.

Aunque aceptó que el 21 de diciembre de 2021 la Jueza de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula, giró una orden de aprehensión en su contra por violencia familiar dentro de la causa penal 631/2021/CHOLULA, dijo que la filtración de la misma lo está afectando de manera personal y directa.

Al principio le fue negada la suspensión en su juicio de amparo, pero tras presentar un recurso de queja con número 12/2022, el 19 de enero el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró fundado su recurso y dio vista al Ministerio Público Federal, para que “proceda a la investigación correspandiente de manera independiente, imparcial y meticulosa respecto a las manifestaciones de tortura psicológica”.

El auditor obtuvo la suspensión de oficio que impide la ejecución de cualquier mandato de tortura en su contra o, en su caso, cesar de inmediato cualquier acto de este tipo que se esté realizando.

A raíz de esta suspensión, el pasado miércoles 2 de febrero Romero Serrano denunció públicamente al gobierno de Barbosa Huerta de iniciar una estrategia en su contra para sabotear su trabajo de fiscalización y también acusó ser objeto de una persecución política.

En entrevista con e-consulta reconoció su posible destitución del cargo para el que fue nombrado en 2019 para un periodo de siete años, que culminaría en 2026.